PSOE y Junts negocian la ampliación de la amnistía a casos fuera del procès

Las negociaciones entre PSOE y Junts continúan en Bruselas. De momento no se ha cerrado el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Pero las sensaciones han sido positivas en las últimas horas con la presencia en la capital belga de uno de los máximos representantes de Junts, Jordi Turull, y del regreso del número tres del PSOE, Santos Cerdán.

Pero hay escollos. Puigdemont pide también la aplicación de los beneficios de la amnistía para otras personas encausadas por delitos que no están relacionados con el proceso independentista. 

El lawfare se define como la utilización de procedimientos judiciales con fines de persecución política. Un contexto en el que Junts per Catalunya incluye la situación legal de personas encausadas, en cambio, por actuaciones que no tienen que ver con el proceso independentista.

Es el ejemplo de la que fuera presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, condenada a 4 años de prisión e inhabilitación por un caso de corrupción política relacionado con el troceo de contratos para su adjudicación evitando así procedimientos administrativos.

También de dos personas del ámbito más cercano de Puigdemont: su abogado Gonzalo Boye, acusado de blanquear dinero procedente del narcotráfico, y Josep Alay, mano derecha del líder de Junts, investigado por el caso Voloh, relacionado con el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al procés. Para los tres pretende Junts los beneficios de la ley de amnistía aun cuando, como queda dicho, su situación judicial no esté relacionada directamente con el procés. El muro con el que se topa a esta hora el acuerdo, por lo demás, prácticamente cerrado ya.

Precisamente Sumar augura inminente un acuerdo que el presidente de Cataluña abraza como muy bueno. En su favor han firmado hoy un manifiesto unos 200 juristas. Contra ella llama el PP a movilizarse de nuevo este próximo domingo en todas las ciudades españolas.

AL JUEZ IMPUTA A MARTA ROVIRA POR TSUNAMI DEMOCRATIC

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019 ha imputado a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Fuentes jurídicas han confirmado que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón ha tomado esta decisión, que llega unos días después de recibir un informe de la Guardia Civil que coloca a Rovira en el centro de la investigación al sostener que es "con mucha probabilidad" la usuaria de la aplicación de mensajería cifrada 'Threema' que actuaba bajo el seudónimo de 'Matagalls' y que tenía "un conocimiento previo de, al menos, ciertas acciones de la plataforma".

Además de Rovira, el informe detalla el papel en Tsunami del empresario Oriol Soler, del exconseller de ERC Xavier Vendrell, del diputado de ERC Rubén Wagensberg, del consejero de Omnium Cultural Oleger Serra y de otros posibles implicados en Tsunami --Marta Molina, Josep Campmajo, Jesús Rodríguez Selles y Jaume Cabani--. Según las citadas fuentes, también han sido imputados.