El control de los precios de alquiler de las viviendas queda en manos de las autonomías. Serán ellas las que tengan que solicitar que se declare a determinadas ciudades o municipios como tensionados.
También se contempla la subida del IBI hasta un 150 por ciento para los pisos vacíos. Eso será responsabilidad de los ayuntamientos
El precio medio del alquiler en España es de 674 euros al mes. Los precios se disparan en las grandes ciudades y en zonas con poca oferta de vivienda en alquiler. Es lo que se conoce como zonas tensionadas: Guipúzcoa, Madrid y Barcelona son las provincias más caras para alquilar una vivienda. El metro cuadrado en Guipúcoa llega a los 11 euros. Y muy cerca de ese precio Madrid y Barcelona. Ninguna provincia andaluza alcanza esa media en pisos en alquiler. La más cara es Málaga, seguida de Sevilla. Y la provincia con los alquileres más baratos es Jaén.
Precisamente, el control de los precios es una de las claves sobre las que se sustenta la futura ley de vivienda. Otra es el aumento de impuestos en el sector o la promoción de viviendas protegidas. El control de los precios de alquiler de las viviendas queda en manos de las autonomías. Serán ellas las que tengan que solicitar que se declare a determinadas ciudades o municipios como tensionados.
Entonces podrá obligar a los propietarios a prorrogar los contratos y subir la renta según aumente el IPC. Si son empresas también se verán obligadas a extender los contratos y podrán subir con un nuevo índice que creará el gobierno. La Junta ha asegurado que se opondrá a la limitación de precios y no aplicará la futura ley de vivienda, como ha expresado en Canal Sur Radio la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.
También se contempla la subida del IBI hasta un 150 por ciento para los pisos vacíos. Eso será responsabilidad de los ayuntamientos para los que posean cuatro viviendas vacías desde hace más de dos años., como ha expresado en Canal Sur Televisión Javier Sánchez Rojas, residente de las Cámaras de Comercio de Andalucía.
Málaga ha sido la primera capital andaluza que ha anunciado que no va a aplicar la futura norma.