Bruselas considera que el Gobierno tramitó la amnistía para "garantizar la impunidad" de sus socios

El Tribunal Constitucional acaba de empezar a deliberar si la ley de amnistía entra en los límites que marca la Constitución. La fecha límite para tomar una decisión es la última semana de junio, la del 23 al 27. La deliberación arranca con un Tribunal dividido y tras avalar el grueso de la norma. En el texto de la ponencia de la granadina Inmaculada Montalbán podemos leer que el Tribunal constitucional defiende la amnistía por "convivencia, generosidad y sensibilidad". Pero uno de los elementos más relevantes del borrador es que no se pronuncia sobre el delito de malversación, que afecta directamente a Puigdemont, huído de la justicia. Este aspecto es crucial porque el Tribunal Supremo ha interpretado que Puigdemont incurrió en malversación y, por tanto, su orden de arresto seguiría vigente.

Paralelamente a todo esto, la Comisión Europea considera que la amnistía aprobada por el Gobierno es una "autoamnistía". Por tanto, contraria al principio del Estado de Derecho. Se basa en que los beneficiados, con sus votos, fueron a la vez beneficiarios de los mismo. Sus votos fueron fundamentales para la aprobación de la ley en el Congreso. Considera que Pedro Sánchez garantiza la impunidad de sus socios a cambio de apoyo parlamentario. La Comisión recomienda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que responda en contra de la mayoría de los puntos presentados por el gobierno español. La decisión llegará, probablemente, después del verano.