Tres gerentes del SAS declararán en noviembre por los contratos de emergencia

El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, que investiga la denuncia por los contratos sanitarios de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha citado a declarar el próximo 25 de noviembre en calidad de investigados a la actual gerente del este servicio y a sus dos predecesores en el puesto.

En esta causa, el PSOE denunció que el SAS habría utilizado contratos de emergencia por valor de 242 millones de euros una vez superada la pandemia de la covid-19, y cifró en 24 millones de euros el posible daño causado al erario público por este procedimiento "a dedo".

La denuncia se refería al mantenimiento durante dos años y medio de las contrataciones de emergencia en el SAS cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la covid.

El juez ha citado en concreto a declarar a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

En una providencia de la que ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Juzgado también cita como testigos a tres exinterventoras de la Junta, entre ellas la que fuera interventora general y actual viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez.

También han sido citados el mismo día en condición de testigos el ex director económico del SAS y el ex director de asistencia sanitaria y resultados en Salud. Todos estos testigos deberán comparecer el día 18 de noviembre, una semana antes de que lo hagan los exgerentes del ente.

El juez instructor solicita además a la Dirección General de Gestión Económica y Servicios del SAS la remisión del expediente que dio lugar a un informe sobre el proceso de verificación de los gastos con fondos europeos conforme al procedimiento establecido en la Instrucción 1/17 de la Dirección General de Fondos Europeos para la terminación del antiguo Hospital Militar de Sevilla.

A finales del pasado junio, la consejera de Salud, Rocío Hernández, reclamó durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento que se dejara actuar a la justicia en este caso de los contratos del SAS, subrayó la "total colaboración" con los tribunales donde ha aportado "toda la documentación" y aseguró que los contratos de emergencia estaban "amparados por la ley".

LA GERENTE, TRANQUILA

La actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, ha expresado este miércoles que está "tranquila" ante la citación judicial como investigada por el asunto de la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021, y ha querido dejar claro que siempre ha "actuado con honestidad y dentro de la legalidad".

En un audio difundido por la Consejería de Salud y Consumo, Valle García se ha pronunciado así después de que este miércoles se haya conocido que ella y sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán han sido citados el 25 de noviembre como investigados por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla tras la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por "posibles irregularidades" en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.

"Para mí es importante poder aclarar cualquier duda y explicarme con total transparencia en el juzgado; estoy tranquila y segura de que siempre he actuado con honestidad y dentro de la legalidad y agradezco que al fin tenga la oportunidad de hacerlo donde corresponde", ha expresado Valle García.

De hecho, según ha señalado, ella misma solicitó "el pasado 10 de abril poder declarar ante lo que es, sin duda, una denuncia política, porque lo que está claro es que se salvaron muchas vidas y se operó a muchas personas durante la pandemia gracias a los contratos de emergencia".

EL PSOE DENUNCIA UNA "TRAMA"

El PSOE de Andalucía ha considerado este miércoles que la citación judicial en noviembre de tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Juzgado de Instrucción de Sevilla que investiga los contratos sanitarios de emergencia "no es fruto de la casualidad, ni siquiera de la mala gestión, es el resultado de una trama perfectamente urdida, premeditada, diseñada en el Consejo de Gobierno de Moreno Bonilla".

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en una jornada en la que la Cámara autonómica retoma la actividad con las sesiones plenarias y en la que la Cadena Ser ha adelantado una providencia del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla que investiga una denuncia del Grupo Socialista sobre contratación de emergencia por el SAS.

"Van a pasar por los juzgados todo los gerentes desde que Moreno Bonilla es presidente", ha indicado en este sentido la representante socialista, quien ha sostenido sobre la forma de proceder del Gobierno andaluz en la contratación sanitaria que "cuando ya no había emergencia sanitaria se inventaron la emergencia", además de precisar que "los investigan porque trocearon contratos", para apuntar aquí que hubo una adjudicación "500 veces a la mismas personas".

"Empiezan estas sesiones plenarias con el paseíllo por el juzgado de los colaboradores necesarios para perpetrar este caso de corrupción sanitaria que se construye sobre el sufrimiento de los andaluces con lo más sagrado, que es la vida", ha afirmado Férriz en el inicio de su análisis de la citación judicial como investigados de la actual gerente del SAS, Valle García, así como de sus predecesores en el cargo, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

A éstos se sumara la comparecencia como testigos de la hoy viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Amelia Martínez, y en el momento de los hechos investigados, máxima responsable de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y de quien fuera director económico del SAS, José Antonio Miranda.

Férriz ha seguido ahondando sobre esa gestión de la contratación sanitaria para apuntar que "los investigan por haber metido la mano en el bolsillo de los enfermos andaluces, por regar de millones a las empresas privadas", mientras ha apelado a que "han hecho de todo", incluido ahí proseguir con "una emergencia cuando no lo había, trocear contratos", a lo que se ha sumado que "se han cargado a todo el Cuerpo de Interventores que pusieron blanco sobre negro que esa forma de contratar era corrupta".

Ha señalado al presidente de la Cámara de Cuentas, Manuel Alejandro Cardenete, para calificar de "inaudito que pervierta a una institucion por negarse a investigar algo que a todas luces es evidente" y considerar que ha convertido en "un chiringuito" a este organismo de fiscalización externa por negarse a investigar los contratos del SAS, la portavoz adjunta del Grupo Socialista se ha cuestionado que Valme García no haya dimitido cuando es una exigencia habitual del Partido Popular ante un caso de corrupción.

Ha proclamado que "no tenemos ninguna duda de que estos colaboradores necesarios acabarán muy bien colocados" y ha advertido a los comparecientes como testigos, la hoy viceconsejera de Economía y el exdirector económico del SAS, que "cuidadao que cuando en los juzgados se entra como testigo y se sale como imputado".

La portavoz adjunta socialista ha recordado que desde un punto de vista parlamentario "llevamos esperando dos años un Pleno monográfico sobre contratación", cuya no celebración ha atribuido a que "no le sale de la mayoría absoluta al Partido Popular y al principal valedor que es el señor Aguirre, que fue consejero de Salud cuando empezó esta trama".

"A ver si nos enteramos del gran misterio de los 3.722 millones a la sanidad privada", ha afirmado Férriz en alusión al montante del dinero destinado a los conciertos sanitarios, al tiempo que ha advertido de que "esas listas de espera se han triplicado", por lo que ha apuntado su asombro por el hecho de que "no hemos parado de darle dinero y las listas de espera no se han reducido".

"Alguien nos puede decir donde están esos 3.722 millones, como es posible que esa medida estrella sea darle más dinero" a las clínicas privadas, mientras ha cuestionado como el último importe para renovar los conciertos sanitarios, 533 millones de euros, "no pueden ir a contratar profesionales, a pagarles dignadamente, a construir quirófanos".

"Por qué no puede ir a la sanidad pública, esta es la respuesta que nos tiene que dar el presidente de la Junta de Andalucía", antes de inferir que "por eso se inicia con un paseíllo por los juzgados", mientras ha apuntado que "el señor Moreno Bonilla vive en Bonillalandia", para lamentar que "las élites saquean esta tierra" y para presentar al presidente andaluz como "el mejor CEO que tienen que es Moreno Bonilla".