La constructora Acciona solicita la rescisión del contrato al Ministerio de Transportes ante las discrepancias económicas y técnicas que mantiene con el Gobierno con respecto a una segunda modificación del presupuesto que elevaría los sobrecostes en casi un 40 %.
La Unión Temporal de Empresas, participada principalmente por Acciona ha solicitado la resolución del contrato de reforma del Puente del Centenario de Sevilla. Es decir, lo quiere anular ante las discrepancias económicas y técnicas que mantiene con el Gobierno con respecto a un segundo modificado que elevaría los sobrecostes a casi el 40 por ciento.
El Ministerio de Transportes lleva un año bloqueando la ampliación presupuestaria a la multinacional para una obra envuelta en la trama de las mordidas en contratos públicos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos.
Las grúas de las obras del puente llevan más de dos meses sin actividad y sin operarios en la plataforma de ampliación. Las alarmas en la multinacional saltaron cuando el Gobierno paralizó hace meses la segunda ampliación presupuestaria de una reforma que tenía que haber concluido en 2023 y que ahora tendrá que volver a licitar por vía de emergencia.
Contaba con un presupuesto inicial de más de 86 millones de euros. La obra arrancó en verano del 2021 tras la adjudicación a una UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet.
En junio de 2023 se aprobó un coste adicional de más de 16 millones de euros a consecuencia del incremento del precio real del acero derivado de la guerra de Ucrania.
El Ministerio de Transportes lleva más de un año bloqueando la propuesta de un segundo modificado del proyecto valorado en 17 millones.
Las empresas contratistas entienden que les avala la ley en su decisión de rescindir el contrato por superar en más del 20 por ciento los sobrecostes. Pero a los dos años y medio de retrasos se ha sumado el escándalo que lo vincula a la investigación del caso de Santos Cerdán, Koldo y Ábalos.
Se trata de una de las infraestructuras claves incluidas en la investigación de la UCO por los indicios de cobros de comisiones. Aparece en las grabaciones y en la trama de Servinabar la empresa navarra vinculada al ex secretario de Organización del PSOE. De hecho, todo el expediente de este proyecto ha sido requisado por orden judicial.