El Gobierno cambia la Ley de Memoria para poder indemnizar a víctimas como García Caparrós

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para modificar la ley de memoria democrática e incluir expresamente la indemnización a víctimas del franquismo desde 1968 hasta finales de 1978, lo que incluye casos como el del sindicalista andaluz Manuel José García Caparrós.

La indemnización a las víctimas que perdieron su vida en defensa de la democracia estaba recogida en la anterior ley de memoria histórica, de 2007, con un periodo concreto comprendido entre el 1 de enero de 1968 hasta el 31 de diciembre de 1977.
Ahora el Gobierno acaba de modificar la nueva ley de memoria democrática, de 2022, para introducir expresamente este derecho a indemnización a las víctimas y ampliarlo un año más, hasta el 29 de diciembre de 1978, coincidiendo con la entrada en vigor de la Constitución.

El objetivo es poder indemnizar a todas aquellas víctimas o familiares de víctimas que no lo solicitaron con la anterior ley de memoria histórica, que fue derogada, e incluir además otros posibles casos gracias a la ampliación de un año.

Estas mismas fuentes señalan que tendrán derecho a solicitar una indemnización por ejemplo los familiares del sindicalista malagueño Manuel José García Caparrós, que murió de un disparo de la policía en una manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977.

De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció la semana pasada que este real decreto ley era una forma de dar una respuesta "justa y necesaria" al reconocimiento de la figura de Caparrós, después de que el Ministerio del Interior rechazara considerarlo víctima del terrorismo de Estado por cuestiones conceptuales.

El real decreto ley aprobado este martes, que tendrá que ser convalidado más adelante en el Congreso de los Diputados, incluye un artículo único y seis disposiciones finales para reconocer a las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su defensa de la democracia.

En concreto, recoge el derecho a una indemnización por cuantía de 250.000 euros para las personas beneficiarias de quienes fallecieron, de 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y de 500.000 euros en caso de gran invalidez.

Esta modificación de la ley de memoria democrática fija también las condiciones para el derecho a la indemnización, entre las que figura la imposibilidad de recibirlas quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas, según ha explicado el Gobierno en una nota de prensa.

Entre los perceptores de las indemnizaciones están los hijos y el cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con una relación de afectividad análoga y, en el caso de que no los hubiera, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona.

El plazo para presentar solicitudes es de un año, prorrogable un año más con acuerdo del Consejo de Ministros.