La Junta reclama al Gobierno los 54 millones que cuesta la reforma judicial

El Gobierno andaluz ha asegurado este miércoles que cumplirá con las exigencias que dimanan de la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, entre ellas, la conversión de 70 juzgados mixtos en Juzgados de Instancia antes del 1 de julio, aun cuando ha señalado que se trata de "un cambio muy importante", por lo que ha esgrimido que desde 1955 "no ha habido ningún cambio de esta transcendencia", y por ello ha acusado de "absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno".

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha sostenido este mensaje en la comparecencia informativa tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde ha aclarado que la Ley 1/2025 trae consigo la conversión de juzgados unipersonales en órganos judiciales.

Antes de final de año la Junta de Andalucía deberá modificar los espacios, sistemas informáticos y plantillas de 695 juzgados que se transformarán en 85 tribunales de instancia y 700 juzgados de paz que se convertirán en oficinas de justicia en el municipio, órganos en los que trabajan más de 9.000 funcionarios.

Este proceso comportará para la Junta de Andalucía un gasto de 54,4 millones para esa primera fase de adaptación hasta el 1 de julio, al tiempo que el consejero ha remarcado "el esfuerzo enorme de trabajo de la Consejería".

Nieto ha explicado que desde el 31 de enero de 1997, cuando el Gobierno andaluz recibió las competencias en justicia a través de dos decretos de transferencia, se abordaba que "un desajuste en los costes" llevaba aparejado una "nueva ordenación de la financiación", por lo que ha lamentado que en estos momentos en la práctica el principio imperante sea un "yo invito, tú pagas" que le ha atribuido al Gobierno, convencido de que "el Ministerio tiene la obligación de financiar este cambio".

El consejero de Justicia ha lamentado el "nulo consenso" y "sin debate previo con las comunidades autónomas" para implantar la Ley 1/2025, además de que el Gobierno no pidiera informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Estado sobre esta norma.

Entre los trabajos que tendrá que acometer el Gobierno andaluz Nieto ha apuntado la transformación física de los juzgados como sedes judiciales compartimentadas a que pasen a ser diáfanas por cuanto se habrán de habilitar espacios comunes porque "se trabajará de forma diferente". De esos 54 millones de coste para la Junta de la primera fase, ha precisado que 20 millones se destinarán a la adaptación de sedes judiciales, incluidos medios informáticos.

A esa primera fase de los juzgados mixtos seguirá otra, prevista para el 1 de octubre de 2025, que se implantará en partidos judiciales que solo cuenten con juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer y que afecta a tres partidos judiciales: Fuengirola, Torremolinos y Marbella.

La reforma se completará el 31 de diciembre llegando a las capitales de provincia y grandes ciudades y afectará a 5.000 profesionales. La Junta de Andalucía ha señalado que ha debido asumir hasta el momento un gasto de 4,58 millones de euros en materia de personal con la incertidumbre del coste de la última fase.

La Junta de Andalucía ha explicado que la sustitución de los juzgados unipersonales por órganos colegiados requiere adaptar los espacios de las sedes judiciales, unas obras que supondrán una inversión de 20,72 millones: 4,72 millones en actuaciones urgentes; 5,36 millones para eliminar barreras físicas; 10,62 millones para la integración de servicios; 8,12 millones para ubicar servicios como el SEMCA para la Mediación Civil y Mercantil.

En una nota la Junta de Andalucía ha explicado que la inversión provisional de 54,4 millones no incluye el coste que supondrá la Fase III, así como la pérdida retributiva del personal de Justicia en Andalucía, que fue excluido de la subida salarial acordada por el Ministerio de Justicia sólo para el personal de las comunidades sin las competencias transferidas (el llamado 'territorio Ministerio') por las nuevas funciones y carga de trabajo que supondrá la reforma.

En este sentido, los sindicatos de Justicia reclamaron una subida salarial mediante el complemento general del puesto, congelado desde 2004. Sin embargo, el Gobierno de España aplicó la subida al complemento específico sólo para los funcionarios del 'territorio Ministerio'. Esta discriminación para los funcionarios de comunidades como Andalucía ha sido recurrida por la Junta de Andalucía a través del Gabinete Jurídico y a instancia de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.