La Junta inicia los trámites de la nueva ley del suelo que reduce la normativa urbanística

El Gobierno andaluz ha aprobado este lunes la tramitación urgente del anteproyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que fusiona la del suelo y la de ordenación del territorio, y deroga artículos de otras 25 leyes y decretos.

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha concretado en rueda de prensa que la Lista suplirá la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) y a la Ley de Ordenación del Territorio; derogará tres leyes y tres decretos, además de parte del articulado y disposiciones de 16 leyes y tres decretos que, en su opinión, han consolidado un "verdadero laberinto" para la planificación urbanística en Andalucía, lo que "ha mermado la capacidad de crecer" de la comunidad autónoma y "ha encorsetado el desarrollo de cualquier proyecto".

Ha justificado la tramitación de esta ley por el trámite de urgencia, porque con la pandemia del coronavirus Andalucía "no puede esperar" el plazo mínimo de dos años que duraría la tramitación ordinaria de la Lista que, ha remarcado, "mejorará la calidad de vida de los andaluces e impulsará la reactivación económica" de la comunidad autónoma.

Carazo ha advertido de que Andalucía acumula 235 normas urbanísticas, soporta una ley con 18 años de antigüedad que, además, ha sufrido once modificaciones y suma 496 planes generales urbanísticos sin aprobar, cuya tramitación se dilata durante más de nueve años.

La nueva ley reducirá en un 30 % el articulado de las normas urbanísticas vigentes, recortará a la mitad los trámites para su aprobación y se aprobará "sin menoscabo de la participación ciudadana", ha añadido.

La Lista incluye el decreto ley de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares, aprobado el año pasado en el Parlamento de Andalucía por PP, PSOE, Ciudadanos y VOX, y se adecúa a la nueva normativa estatal.

La nueva ley distingue entre suelo urbano y suelo rústico, y clasifica este último como rústico especialmente protegido, al que se aplica la legislación de aguas o de medio ambiente; rússtico preservado por existencia de riesgos medioambientales, sísmicos, o deslizamientos; rústico preservado por ordenación territorial y/o urbanística, cuya transformación es necesaria preservar por motivos paisajísticos o agrícolas, y rústico común: el natural conforme a la ley vigente y el susceptible de transformación urbanística, si cumple los requisitos de los planes de ordenación urbana y el plan territorial.

También establece un sistema dual de planeamiento basado en el Plan de Ordenación Municipal, que marca el modelo general de ordenación del municipio, y el Plan de Ordenación Urbana, que ordena la ciudad y responde a sus necesidades de regeneración y rehabilitación.

Además, incorpora instrumentos de segundo nivel, como los Estudios de Ordenación, para atender las necesidades de renovación urbana en suelo urbano, y los Proyectos de Actuación municipal, que regulan los usos en los terrenos en que se propongan actuaciones extraordinarias en suelo rústico.

También impulsa el papel de la iniciativa privada empresarial en la gestión y ejecución de planes, en las actuaciones de transformación urbanística y en el suelo urbano porque, ha remarcado Carazo, "son demasiados" los proyectos de inversión "que se han quedado en los cajones" de la Junta "por no contar con una normativa ágil" y porque "las trabas burocráticas" han sido "un freno a la inversión".

La consejera ha asegurado que la Lista "incorporará la perspectiva de la sostenibilidad en la planificación urbanística", así como las directrices para "proteger aún más el litoral y el paisaje" andaluces.

"Esta ley ofrece coherencia, información clara y seguridad jurídica, tanto para los ayuntamientos como para los particulares, ayudará a que se superen situaciones como la de los planes urbanísticos que han tenido problemas judiciales y facilitará que haya también menos conflictividad judicial", ha concluido.

Para el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, esta ley supone "un gran paso", junto al ya aprobado decreto ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva, "para generar riqueza y empleo en Andalucía", gracias a la "agilización" del planeamiento urbanístico, que ahora se prolonga casi una década, la supresión de cargas "para personas" y empresas, y la eliminación de normativas.

"Nuestra obsesión no es hacer más leyes, es quitar leyes; el objetivo de este Gobierno es evitar el calvario de trámites y ganar eficacia y eficiencia", ha apostillado

NUEVA CLASIFICACIÓN HOTELERA

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha apuntado que hay unos 1.100 millones euros en inversiones directas de cara a nuevos establecimientos hoteleros, entre este año y el siguiente, esperando la nueva regulación de este ámbito aprobada este lunes por el Consejo de Gobierno, y otros 500 millones que derivarán de la adecuación de otros hoteles para aumentar su categoría.
Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha apuntado que esta nueva regulación tiene como objeto la ordenación de este tipo de estancias, la regulación de sus condiciones técnicas y de prestación de servicios y el establecimiento de un nuevo sistema de clasificación hotelera más acorde con el entorno nacional e internacional.

Esta regulación se incluye dentro de un decreto ley por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización y reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por la covid-19.