La jueza Núñez archiva la causa de avales de IDEA contra cuatro ex altos cargos de la Junta
Las defensas habían pedido el sobreseimiento al entender que los indicios de los delitos de prevaricación y malversación habían desaparecido a raíz de las pruebas practicada.
Esta macrocausa investigaba favoritismo con determinadas empresas para lo que se desviaban fondos públicos.
La jueza habla de "meras irregularidades administrativas".
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez, ha archivado la causa por las presuntas irregularidades en los avales y préstamos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y ha acordado el sobreseimiento provisional respecto a los cuatro ex altos cargos de la Junta investigados.
En un auto del 27 de mayo, la magistrada adopta esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que ejerce el PP, en una causa en la que estaban investigados el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler, el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román, el ex secretario general técnico Juan Francisco Sánchez García y el exdirector de IDEA Jacinto Cañete.
El archivo se produce después de que las defensas pidieran el sobreseimiento al entender que los indicios de los delitos de prevaricación y malversación habían desaparecido a raíz de las pruebas practicadas, entre ellas el informe de Rocío Marcos, perito de la Intervención General de la Junta de Andalucía, aportado a la causa el 28 de diciembre de 2018.
La Junta -ahora en manos de un Gobierno de PP y Ciudadanos-, que ejerce la acusación particular en la causa, apoyó la petición de archivo.
Esta macrocausa investigaba los hechos denunciados en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba que "de forma arbitraria e irregular" se favorecía a determinadas empresas y para ello se desviaban fondos públicos.
En el auto la magistrada muestra su conformidad con los argumentos de la Junta y las defensas de Soler y Cañete, que solicitaron el archivo, porque "los indicios de la comisión de hechos delictivos se han desvanecido uno por uno".
La Fiscalía y el PP se opusieron a la petición de archivo, mientras que la Junta, además del sobreseimiento, solicitó la incoación de diligencias previas para la investigación de la conducta de los responsables de una serie de empresas.
El Ministerio Público también pidió que se crease una pieza separada por cada una de las 18 empresas perceptoras de ayudas, pero la jueza rechaza esa solicitud porque no ve "el más mínimo indicio de ilícitos penales".
En consonancia con los servicios jurídicos de la Junta, que afirman que la responsabilidad penal no es de quienes concedieron los avales y sí de quienes los recibieron, la jueza apunta a "la comisión de un delito de fraude de subvenciones por los solicitantes, quienes nunca han estado investigados".
La jueza habla de "meras irregularidades administrativas" y recuerda que ya cuando delimitó el objeto de investigación del caso, el 2 de marzo de 2016, "no se apreciaban indicios de concesiones arbitrarias" a esas 18 empresas.
Además, el informe de la perito de la Junta concluye "de forma clara, radical y sin lugar a dudas" que en la tramitación de los expedientes no hay "decisiones groseras y arbitrarias que justifiquen la continuación de esta investigación", dice la magistrada.
El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, defendió el 21 de mayo la posición del Ejecutivo, que se contrapone a la posición del PP y de la Fiscalía, que se oponían al sobreseimiento.
Bendodo explicó que la Junta se centra en investigar "el núcleo del fraude" y recuperar los 140 millones en que cifró el "quebranto económico".
La resolución admite recurso de reforma en un plazo de tres días o de reforma y subsidiaria apelación en cinco días ante el mismo Juzgado de Instrucción.
