La fiscalía pide tres años de cárcel por delitos contra la integridad moral.
El juicio se ha suspendido hasta junio para resolver cuestiones previas planteadas por la defensa.
Criticaba la vestimenta de las víctimas, cuestionaba la credibilidad de su historia, las hacía sentir culpables y las incitaba a no denunciar.
"No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no" o "no sabemos si salió sin bragas, porque esa es la moda ahora, salir sin bragas", son algunos de los comentarios que profería.
Se la acusa de este tipo de actuación al menos en tres casos ocurridos entre 2019 y 2022 en varios hospitales sevillanos.
La Fiscalía solicita tres años de prisión y tres de inhabilitación para una médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla acusada de varios delitos contra la integridad moral de las víctimas de agresiones sexuales a las que atendía. La acusada hacía continuos juicios de valor, preguntas y comentarios vejatorios y ofensivos hacia las víctimas cuando las exploraba en los centros hospitalarios a los que acudían tras ser agredidas.
"¿Ves lo que pasa cuando bebes?", "Le puedes arruinar la vida (al presunto autor de la agresión sexual) o "¿No será que querías, pero no te acuerdas?", eran algunos de los comentarios que la forense espetaba a las víctimas. Hay constancia de que actuó de esta forma hasta en tres ocasiones.
La acusada reiteraba críticas hacia la vestimenta o el comportamiento de las presuntas víctimas, dándoles a entender que habían consentido de forma implícita el acto sexual o que con su conducta habrían provocando el mismo. De esta forma, restaba credibilidad a su historia y las hacía sentir culpables de lo que había ocurrido, así como de las consecuencias legales que podría acarrear una denuncia a los presuntos autores de los hechos y sus familias.
En la primera sesión del juicio, la acusada ha asegurado que es inocente y ha atribuido su procesamiento a acoso laboral, en un juicio que ha quedado aplazado hasta el 12 de junio para resolver cuestiones previas planteadas por su defensa.
Según el Ministerio Público, la funcionaria provocaba en las entrevistadas "un enorme desasosiego por la situación de especial vulnerabilidad en la que se hallaban, incrementando el malestar de las mismas" y llegando incluso algunas de ellas a no poner finalmente una denuncia formal por los hechos, "al verse cuestionadas y menospreciadas" por los comentarios de la acusada.
El primero de los episodios se remonta al mes de septiembre de 2019, cuando una de las jóvenes, de entonces 25 años, acudió al Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y manifestó haber sido víctima de una agresión sexual por un conocido. Así, tras activar el protocolo pertinente, la acusada se personó en el centro.
Pese a existir una herida en sus zonas genitales, la funcionaria decidió no tomar muestras "por no estimarlo oportuno" y realizó comentarios como "No tendrías que haberte ido con él, yo que tú habría salido corriendo", "No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no" o "¿Estás segura de que quieres denunciarlo? Porque le vas a destrozar la vida a este chico".
En consecuencia, la chica sufrió un episodio de lloros y ansiedad, sintiéndose cuestionada hasta el punto de no llegar a interponer una denuncia al verse desacreditada por la acusada.
El segundo de los episodios sucedió en octubre de 2022, cuando la segunda de las chicas acudió al Hospital Universitario Virgen Macarena acompañada de varias compañeras de su residencia de estudiantes, ya que la joven había sido encontrada en los alrededores de una discoteca semiinconsciente y sin ropa interior, sin poder recordar nada de lo sucedido y con intención de denunciar.
Durante la exploración, la acusada le dijo a la paciente que, aunque se la habían encontrado sin ropa interior, "no sabemos si salió sin bragas, porque esa es la moda ahora, salir sin bragas". "Igual lo que te ha pasado es que te has sentado a hacer pis y te has quedado dormida. Te voy a dar un consejo de madre, lo que tienes que hacer es comer antes de salir para tener el estómago lleno. ¿Ves lo que pasa cuando bebes? Que no te acuerdas de lo que ha pasado, y mira la que has liado", apostilló, al tiempo que cuestionó su intención de denunciar al presunto agresor: "Ante una víctima siempre hay un presunto inocente y su familia, al que le puedes arruinar la vida. Piénsalo muy bien antes de denunciar", así como "La próxima vez tienes que escribir con tu sangre o con tierra o con algo la palabra 'NO', así sabremos que te estás negando".
Además, las facultativas consultaron la necesidad de extraer sangre para la detección de tóxicos, siguiendo el protocolo de sumisión química, que lo admite hasta las 48 horas siguientes al suceso. Sin embargo, la acusada no lo consideró necesario, dado que las pruebas de orina habían dado negativo y ya habían pasado unas horas desde el incidente. Todo ello, tal y como subraya el Ministerio Público, hizo que la chica "se sintiera muy culpable y aún más confundida de lo que ya estaba, llegando a dudar de sí misma".
En el último de los casos, sucedido en noviembre de 2022 en los Servicios de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, la tercera de las jóvenes, de 18 años en el momento de lo sucedido, decía haber sido víctima de agresión sexual tras subir al interior del domicilio del presunto autor de los hechos y realizando actos sexuales a los que, si bien no se opuso de manera activa, no deseaba hacer nada de lo que el varón hizo con ella, por lo que salió corriendo de la vivienda con la intención de denunciar.
Durante la entrevista, y con la presencia de dos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la acusada "cuestionó en todo momento la realidad de la ausencia de consentimiento" manifestado por la joven, profiriendo afirmaciones como "¿Por qué no le empujaste o pegaste?", "¿No será que querías, pero no te acuerdas?", "¿Por qué te dejaste quitar la ropa?".
Todo ello, provocó que la joven se sintiese culpable de lo sucedido, generándole una "gran angustia" hasta llegar a dudar de sí misma y desistiendo a denunciar los hechos ya que, si bien no estaba muy convencida de denunciarlos y acudió por insistencia de su madre, la actitud de la Médico, según la Fiscalía, "la hicieron decidirse por completo a no hacerlo, al pensar que si ella no la creía, qué sentido tenía formular una denuncia".
Por todo ello, la Fiscalía pide tres años de prisión, uno por cada uno de los tres delitos de integridad moral cometidos por funcionarios públicos, así como tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, ha concluido que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.