Medio centenar de investigados por mutilar a más de mil perros de caza
En la operación llevada a cabo por el Seprona, se ha detenido a un veterinario de Úbeda por dar cobertura legal a las mutilaciones de orejas y rabos.
Los investigados son dueños de rehalas de cinco provincias.
Esta práctica está prohibida desde 2018.
El maltrato animal está castigado con penas de hasta 18 meses de prisión.
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Raviches-Severed Ear', ha investigado a 58 propietarios de rehalas de perros por haber mutilado ilegalmente a 1.111 perros a los que les cortaron las orejas y los rabos en Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba y Sevilla. La operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil del Destacamento de Sierra Nevada de Granada y de Cazalla de la Sierra de Sevilla. De esos 58 investigados, quince han sido en la provincia de Granada, 18 en la de Jaén, doce en la de Sevilla, seis en Córdoba, cuatro en Almería y tres en Málaga.
De momento, la única persona detenida es este veterinario de Úbeda al que se acusa de firmar más de un millar de cartillas sanitarias en los que se anotaban estas mutilaciones, pero solo para dar cierta cobertura legal a los rehaleros, sin haber tratado a ninguno de los animales ni aportar un informe que las justificara.
Su clínica, además, no estaba preparada para realizar estas operaciones. Los dueños de las rehalas están investigados y son cerca de 60 en toda Andalucía, 18 de ellos en Jaén. Las investigaciones comenzaron hace más de un año, en una inspección del Seprona en una rehala en la que encontraron 26 perros con el rabo y las orejas cortadas.
Al intensificarse los controles, se llegaron a detectar cachorros mutilados con anotaciones en sus cartillas anteriores al nacimiento. En total más de la mitad de los perros inspeccionados, 1.111, han sufrido estas operaciones que eran una práctica tradicional para los perros de rehala para evitar que se engancharan en la vegetación durante la caza, pero que está prohibida desde 2018.
El maltrato animal está castigado con penas de hasta 18 meses de prisión. Con los agravantes, puede llegar a superar los dos años de cárcel.
