En prisión desde 2023, la sentencia considera probado que aprovechaba su situación de superioridad y la especial vulnerabilidad de sus víctimas.
La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a más de 63 años de cárcel al entrenador de fútbol femenino infantil y juvenil, que también trabajaba como técnico de instalaciones de la Universidad de Huelva, y que se encontraba en prisión provisional desde enero de 2023, acusado de abusar sexualmente de hasta 21 menores y al que se considera responsable de 31 delitos contra sus víctimas.
Según recoge la sentencia de conformidad, se le considera responsable de cinco delitos de agresión sexual a menor de 16 años, catorce de abuso sexual continuado a menor de 16 años, cinco de agresiones sexuales, cuatro de abuso sexual y dos de abuso sexual a mayor de 16 años y uno de abuso. De la misma manera, apunta que concurre la circunstancia de atenuantes de reparación del daño y confesión tardía.
Se le condena además a la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por el tiempo de la condena; con prohibición de comunicarse con las víctimas, así como aproximarse a ellas a una distancia que no sea inferior a doscientos metros por periodo de diez años en el caso de una de ellas y de cinco años en el caso del resto.
Asimismo tendrá que indemnizar a las víctimas por importe de 11.025 euros en el caso de una de ellas, de 8.728 en otro de los casos, 5.452 a otra de las víctimas, 4.361 en el caso de otra de ellas y de 2.177 a las restantes.
La sentencia considera como hechos probados que desde 2017 y hasta 2022 este hombre fue miembro de la junta directiva y secretario de un club de fútbol y, además, era el monitor contratado por dicho club como entrenador del mismo en diversas categorías, entre ellas la infantil y juvenil de fútbol femenino.
Indica que durante el mismo periodo el procesado tenía vinculación laboral con la Universidad de Huelva en su condición de personal laboral fijo desde el 1993 con la categoría de Técnico Especialista adscrito al Servicio de Actividades Físicas y Deportivas "disponiendo de la correspondiente autorización inherente a sus funciones para acceder a su despacho, a un almacén de material deportivo y una sala de enfermería".
La Policía Nacional practicó el 11 de enero de 2023 un registro en el despacho usado por el acusado tras ser presentada la primera denuncia por parte de una de las menores.