La Real Chancillería de Granada ha acogido la apertura del Año Judicial en Andalucía.
Lorenzo del Río lamenta que la división política se traslade al funcionamiento de la justicia y pide consenso para grandes reformas pendientes.
También muestra su preocupación por la reforma del sistema de oposiciones para los jueces.
La Fiscalía reclama más medios para la lucha contra el narcotráfico.
La Real Chancillería de Granada ha acogido este martes la apertura oficial del Año Judicial en Andalucía. Un acto en el que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha pedido que cesen los "ataques" y el "etiquetado" a los jueces.
Del Río ha se ha referido a la "crisis del poder judicial" y a la falta de consenso político como dos aspectos "preocupantes" que continúan de actualidad -ha dicho- junto a los retos que plantea este curso: la reorganización de las estructuras judiciales, los medios alternativos de solución de conflictos, lo relacionado con los juzgados de Violencia sobre la Mujer y la confianza social en la justicia.
Con respecto a lo primero, ha lamentado que la "división entre partidos" se siga trasladando al ámbito de la Justicia y dificulte el acuerdo para aprobar legislativamente reformas todavía pendientes, y se ha hecho eco de las reivindicaciones de los jueces y magistrados, a las que no hay que hacer "oídos sordos", ha dicho, "aunque discrepemos a título individual de la forma de expresarlo mediante la convocatoria de huelga".
"Es plenamente legítimo que el Gobierno promueva reformas legislativas, del mismo modo que es lógico reclamar que medidas de esta naturaleza, que afectan a la configuración de un poder del Estado, no se tramiten por la vía de urgencia al tiempo que cuenten con un amplio consenso político y profesional", ha reflexionado al referirse a la reforma de la carrera judicial, cuya forma y urgencia en la tramitación suscita "inquietud".
El fondo de las reformas, ha continuado, también plantea "serias reservas", como la sustitución de la oposición tradicional por fórmulas más discrecionales de acceso, la modificación del sistema de oposiciones, "menos exigente en el proyecto", o el proceso de estabilización de la justicia interina, que, en línea con lo manifestado por las asociaciones judiciales, considera "inasumible, discriminatorio y profundamente disruptivo" para los profesionales.
En su opinión, es necesario un número de jueces "mucho mayor" que aproxime a España a la ratio de los países de su entorno, pero no en detrimento de la calidad de la formación: "No debe ser negociable cambiar calidad por cantidad", ha resumido tras reclamar una negociación de la reforma "más conciliadora".
"Etiquetado" de jueces
Durante su intervención, Del Río ha también ha reflexionado sobre la confianza social en la Justicia para lamentar que se mantengan y recrudezcan situaciones como la traslación de conflictos políticos al espacio judicial, la "grave erosión" del ámbito penal por la excesiva carga de trabajo y la denominada judicialización de la política, "cuyo corolario lógico -ha dicho- es la politización de la justicia".
Y también el "constante etiquetado del juez, sugiriendo que actúan en función de preferencias políticas o ideológicas en asuntos de cierta trascendencia para el debate político", los "ataques personales" y las alusiones al denominado lawfare (guerra jurídica), "sin duda reflejo de un discurso político y mediático de un país polarizado".
Circunstancias, ha abundado, que menoscaban la credibilidad y confianza en la Justicia, "lo que hace aún más incomprensibles e injustificadas declaraciones públicas de responsables institucionales con amplia repercusión mediática, claramente impropias de un Estado de Derecho avanzado, en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo".
Entre los retos del próximo curso, que afronta desde el que será su tercer mandato, ha citado la reorganización de las estructuras judiciales con el nuevo modelo de juzgados unipersonales, que ha confiado en que no quede en un cambio "solo cosmético" y para el que ha pedido la implicación del sector: "no nos constituyamos en pesos muertos incapaces de adaptarnos con esmero a lo que legítimamente se nos reclama".
Para su buen funcionamiento ha pedido comunicación fluida entre la oficina judicial y los jueces, la plena digitalización de la justicia y que se complete el acoplamiento de los funcionarios y la reubicación de dependencias y personal en espacios de trabajo más flexibles, un reto, ha dicho, para la Consejería de Justicia, cuyo titular, José Antonio Nieto, ha asistido al acto.
La Fiscalía pide más medios contra el narcotráfico
Por su parte, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha aprovechado para reclamar las herramientas necesarias que permitan la modernización de la Justicia y una mayor autonomía funcional y organizativa.
Tárrago ha desgranado algunos datos sobre la criminalidad reflejados en la memoria de 2024, ha resaltado la preocupación por el impacto del narcotráfico en Andalucía y ha reiterado que se han reforzado las investigaciones centradas en el blanqueo de capitales como forma de atacar a este tipo de organizaciones criminales, tarea para la que ha reclamado más medios personales y materiales, además de penas más elevadas.
Por otro lado, ha reconocido que los casos de corrupción socavan la convivencia y merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones y ha admitido que la situación institucional es "delicada" y que ha considerado responde a que "algo no estamos haciendo bien".