Chiclana batalla contra la proliferación de las viviendas ilegales

El Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, uno de los destinos turísticos más populares de la provincia de Cádiz, está decidido a acabar con las construcciones ilegales de viviendas en su término municipal, una práctica demasiado habitual durante más de 20 años.

Pero el Ayuntamiento avisa a todos los que intervengan en esta práctica que no dudará en acudir a la justicia para ponerle freno.

Y es que Chiclana, considerada la joya de la corona del turismo en la provincia de Cádiz, atrae a miles de posibles compradores de segundas residencias de toda España y también del extranjero. Este atractivo provoca que no sean pocos los que, saltándose la legalidad urbanística, quieren hacerse de oro.

El último ejemplo: casi un centenar de parcelas a la venta a menos de dos kilómetros de la playa de La Barrosa, algunas de ellas hasta escrituradas en notarías y Registros, cuyo valor de mercado podría superar fácilmente los 23 millones de euros.

Pero el Ayuntamiento acaba de avisar: los compradores, antes o después, lo perderán todo. Se trata de dos operaciones urbanísticas en Pago Melilla sobre terrenos rústicos en los que no se pueden construir viviendas.

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Rodolfo Pérez, quien también ha advertido a promotores, notarios, registradores y funcionarios: la ley es lenta pero llega y el Ayuntamiento denunciará a toda la cadena que hace posible estos desmanes urbanísticos.

Sin embargo, para esta lucha el municipio solo cuenta con dos inspectores urbanísticos y un dron que les presta la Policía Local. Pocos medios para vigilar más de 200 km cuadrados de municipio.

La última intervención es la que se ha llevado a cabo en el Pago Melilla, en concreto en dos parcelaciones de la Colada de Fuente Amarga y en el Camino del Chaparral.

En cuanto a la parcela ubicada en la Colada de Fuente Amarga, ésta cuenta con una superficie de 41.000 metros cuadrados, que jurídicamente se ha dividido en 63 parcelas pro indivisos de unos 400 metros cuadrados, de las cuales 21 ya cuentan con escrituras públicas.

La parcela de Camino del Chaparral cuenta con una superficie total de 14.898 metros cuadrados, que se ha dividido en 28 parcelas de unos 500 metros cuadrados con escrituras públicas, de las que siete ya están inscritas en el Registro de la Propiedad. A diferencia de la parcela anterior, aquí ya se han producido obras divisorias de las parcelas, por lo que el Ayuntamiento ha procedido a iniciar el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, según ha explicado el delegado.

"En suelo rústico no se puede parcelar", ha recordado Rodolfo Pérez, quien ha reiterado que para ello "se necesita una licencia municipal", algo que no ha sucedido en ninguno de estos dos casos. Así, ha apuntado que en este tipo de suelos "se pueden plantar viñas o árboles, pero no se puede parcelar, ni vallar ni edificar".

El delegado de Urbanismo ha insistido en recordar que "todos los intervinientes en el proceso -propietarios iniciales, compradores, inmobiliarias, profesionales liberales, entidades financieras y funcionarios públicos- que desde el punto de vista urbanístico se está incumpliendo la legalidad".