Demetrio González Mera ha sido citado a declarar el próximo 28 de abril.
El caso surge a raíz de una denuncia de Podemos que alertaba de que se habían fraccionado miles de contratos menores por valor de 235 millones de euros.
La titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz, que investiga un supuesto fraccionamiento irregular de contratos del SAS por valor de 235 millones de euros, ha citado como investigado por estos hechos a Demetrio González Mera, director económico central de compras de Cádiz de este organismo.
Demetrio González Mera había sido citado a declarar como testigo del caso, pero, en una providencia hecha pública este lunes, la jueza Rosa María García, deja sin efecto esta citación y le llama a prestar declaración en calidad de investigado el próximo 28 de abril.
Este cambio se produce después de que la semana pasada la jueza tomara declaración como testigos a los interventores José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, que ratificaron los informes realizados sobre supuesto fraccionamiento irregular de contratos del SAS en los que se basó la denuncia de Podemos por estos hechos, que ha dado origen a este proceso.
También prestaron declaración ante la jueza que investiga los hechos la semana pasada las jefas de servicio Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.
González Mera, según indica en su perfil de la red Linkelin, ocupa el cargo de director económico central de compras de Cádiz en el Servicio Andaluz de Salud desde enero de 2020. Antes fue subdirector del mismo departamento desde 2019 y entre 2014 y 2019 fue subdirector económico administrativo de los hospitales Puerta del Mar y San Carlos, ambos en la provincia.
Es el primer investigado en el sumario abierto por el juzgado de Cádiz a raíz de la denuncia que interpuso Podemos basándose en informes de la Junta que alertaron de "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén.
Estas adjudicaciones, según la denuncia, se hicieron "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo”.
La denuncia relataba que los informes de Intervención detallaron que en Huelva se adjudicaron por ese sistema 91,9 millones de euros (el 46,49 % del total de contrataciones del SAS en la provincia); en Jaén 69,8 millones de euros (el 33,2 % del total de contrataciones); en Cádiz 235,4 millones (el 23,2 % del total de contrataciones) y en Córdoba 61 millones de euros, el 21,9 % del total de contrataciones.
En esta última provincia se firmaron, por ejemplo, 507 contratos menores con la farmacéutica Novartis por un solo medicamento, por un monto total de 2,2 millones de euros.
El juzgado de Sevilla que recibió la denuncia derivó a los jugados de cada provincia los contratos que afectaban a sus territorios. El de Cádiz es el único que ya ha abierto diligencias y ha citado a testigos y a un investigado.
El Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, que investiga una denuncia del PSOE sobre el uso del SAS de los contratos de emergencia una vez superada la pandemia para la que fueron articulados, también citó como investigados el pasado mes de noviembre a la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a dos exgerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.