Ambos están siendo investigados por un delito de asesinato y de maltrato habitual.
La autopsia preliminar refleja signos de violencia física y sexual.
El abuelo de niño denuncia el fracaso del sistema.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 4 de Vera, en funciones de guardia, ha decretado este sábado prisión provisional para las dos personas detenidas por la muerte violenta de Lucca, un menor de cuatro años de edad en el municipio almeriense de Garrucha. Se trata de su madre y de la pareja de esta.
Tras pasar a disposición judicial este sábado, fuentes judiciales consultadas por Europa Press han señalado que el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la madre del menor y la pareja sentimental de esta.
Según han indicado fuentes judiciales, el hombre si ha declarado, mientras que la madre del menor se ha acogido a su derecho a no declarar. Ambos, en un principio, están siendo investigados por un delito de asesinato y de maltrato habitual.
En contexto, el hombre detenido tenía una orden de alejamiento en vigor de la madre del pequeño, de la que era su pareja sentimental. Fuentes de la investigación han confirmado a esta agencia este extremo en relación al varón, que no es el padre biológico del menor, el cual se encuentra fuera de la provincia de Almería.
La Guardia Civil detuvo a la madre del niño y al hombre después de localizar el cuerpo en una playa de Garrucha, en el límite con el término municipal de Mojácar, frente a una gasolinera, durante la noche de este miércoles, en torno a las 23,30 horas.
Previamente a la localización del cuerpo, los servicios de emergencias habían recibido avisos sobre las 20,10 horas en los que se indicaba la desaparición del menor en extrañas circunstancias. La investigación, bajo secreto, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados. La madre, aunque vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense.
El aviso por la pérdida del menor hizo que se movilizara Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Los investigadores han constatado la muerte violenta del menor a la espera de que la autopsia determine la causa del crimen. El Ayuntamiento de Garrucha declaró este pasado jueves, 4 de diciembre, día de luto oficial en la localidad por la muerte violenta de un menor y ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Consistorio a partir de las 13,00 horas.
"FRACASO" DE LOS PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN
El abogado José Luis Martín, que representa al abuelo materno del menor —quien interpuso la denuncia por desaparición y ejerce la acusación—, ha denunciado el "fracaso absoluto" de los protocolos de protección. Según el letrado, existían señales evidentes de que el niño sufría violencia física y desatención que fueron ignoradas tanto por el centro escolar como por las fuerzas de seguridad antes del crimen.
La representación legal de la familia asegura que el menor acudía al colegio con hematomas visibles y, en una ocasión, con un brazo fracturado o "encabestrado", sin que el centro educativo activase los protocolos de maltrato infantil o absentismo.
Asimismo, ha revelado que la tía abuela del niño intentó alertar previamente a la Guardia Civil mostrando una fotografía de lesiones en la sien del menor, pero no se pudo actuar al no existir una denuncia formal de la madre ni un parte médico de lesiones.
Según ha trascendido de fuentes de la investigación, los detenidos evitaban llevar al niño al médico para que no se documentaran las agresiones físicas.
La autopsia y las diligencias policiales, que permanecen bajo secreto de sumario, serán claves para determinar la autoría material de los hechos y el grado de participación de cada uno de los investigados en la muerte del pequeño.
La familia materna, devastada por lo ocurrido, ha solicitado a través de su abogado que "caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables, independientemente de su vínculo familiar.
Además, el abuelo ha anunciado su intención de solicitar la custodia del bebé que espera la detenida, quien se encuentra embarazada de cinco meses, para evitar que quede bajo su tutela tras el nacimiento.