¿Qué ha cambiado un año después del asesinato de los dos guardias en Barbate?

Este domingo se cumple un año del asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate. Los cuerpos y fuerzas de seguridad siguen denunciando la misma falta de medios para combatir el narcotráfico. El peligro, además, se ha incrementado por la mayor entrada de cocaína, debido a la caída de su precio y a la intensa actividad de los llamados petaqueros, los que suministran combustible a los narcotraficantes.

Una narcolancha de cuatro motores, 14 metros de eslora y unos 5.000 kilos de peso acababa de pasar por encima de la zódiac de menos de cinco metros ocupada por seis guardias civiles. Lo captó la cámara que portaba en el casco el cabo primero Aragón. El brutal impacto causó la muerte a dos agentes. Sucedió minutos antes de las ocho y media de la tarde del 9 de febrero de 2024 en Barbate, que pasó de celebrar la fiesta de carnaval a ser escenario de una tragedia.

Una embarcación de la Guardia Civil se había echado al agua por la presencia de seis gomas que habían buscado abrigo en medio del temporal Karlotta. Su misión era tratar de disuadirlas, ante el revuelo que la concentración de narcolanchas estaba provocando en el municipio y las llamadas de la Delegación del Gobierno para que se pusiera fin a esa situación. Fue el último servicio del barcelonés David Pérez Carracedo, de 43 años, y del buzo de San Fernando Miguel Ángel González Pérez, de 39. Otros tres agentes sufrieron lesiones y sólo uno resultó ileso. Un episodio que causó conmoción en todo el país y que demostró a las claras la agresividad cada vez mayor de los clanes del narcotráfico.

Los vídeos han permitido comprobar que la embarcación pilotada por Karim El Baqqaly llevó a cabo varias aproximaciones a la lancha de la Guardia Civil. En un momento determinado se alejó a una distancia suficiente y, a gran velocidad, se dirigió nuevamente hacia ella, atravesándola desde babor hasta estribor. En el auto con el que envió a Karim El Baqqaly a prisión, el juez determinó que lo hizo “con el ánimo de causar la muerte a los seis agentes". Esa misma mañana, a 70 kilómetros, en el puerto de Algeciras, el ministro del Interior había presidido una reunión para hacer balance del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar. Fernando Grande-Marlaska presentó nuevos vehículos y confirmó la continuidad del operativo.

Victoriano García, secretario jurídico de AUGC Cádiz, asegura que "el ministro Marlaska estaba en Algeciras, anunciando a bombo y platillo que el plan contra el narco estaba dando resultados, que se estaba venciendo al narco (…). Entonces esa imagen de esas narcolanchas el día posterior en el puerto de Barbate como que no se podía permitir". Y añade que "se tomó la determinación de que unos guardias civiles que estaban entregados al servicio allí hicieran lo que pudieran con los medios que tenían, que son paupérrimos, y el resultado fue el fatídico resultado que todos contemplamos: el asesinato de dos compañeros".

El sargento al mando del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) declaró a la jueza que, cuando le telefoneó el mando para darle la orden de actuar, le mostró su preocupación sobre el operativo.

En noviembre, la Audiencia de Cádiz archivó la causa contra el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía y el coronel de la Comandancia de Cádiz, denunciados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Concluyó que los mandos no tenían responsabilidad penal. Hoy, tres de los cuatro ocupantes de la narcolancha se encuentran en prisión a la espera de juicio. Karim El Baqqaly se escondió en Marruecos tras el ataque. Presionado por los propios clanes de la droga, se entregó el pasado 18 de septiembre. Fue el mismo camino que siguieron otros dos tripulantes. Queda un cuarto. Otro hombre de nacionalidad marroquí y sin antecedentes en España, según ha podido saber Canal Sur de fuentes de la investigación.

En su declaración, Karim El Baqqaly negó que su intención fuera matar a los guardias civiles. Según su versión, los arrolló accidentalmente cuando, en el último momento, intentó esquivar la patrullera, una versión que no se cree la madre de Miguel Ángel González Pérez: "Fueron a asesinarlos, fueron a por ellos". Su hijo no llevaba aún ni cinco meses destinado en los GEAS de Algeciras, adonde había recalado procedente del puesto de Mondéjar, Guadalajara. Había ingresado en la Guardia Civil tras una etapa en el ejército. Estaba en posesión de varias medallas y menciones por el servicio prestado.

David, por su parte, pertenecía al Grupo de Acción Rápida, los GAR, desde hacía casi 13 años. Su hoja de servicios detalla diversas cruces al mérito policial y felicitaciones individuales. La última, la medalla de oro concedida por su muerte en acto de servicio y que su viuda pidió expresamente que no se la impusiera el ministro. Pero ante todo, Barbate encendió definitivamente las alarmas. Los clanes de la droga no dudan ya en atentar contra los agentes de la autoridad.

La Fiscal Antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, relata que "se han intervenido también incluso zulos en los que había numerosas armas de guerra y es habitual ahora que se encuentren kalashnikov, AK-47, y armas que en alguna ocasión han llegado a utilizar cuando han ido a ser detenidos". Agustín Domínguez, secretario provincial de Jucil en Cádiz, dice los siguiente: "Yo llevo ya bastantes años aquí en la zona. He cogido más de un alijo y era muy raro, era muy raro encontrarte una pistola. En un alijo encontrarte una pistola era muy raro. Hoy en día, en cualquier alijo te encuentras un AK-47, te encuentras un revólver, te encuentras pistolas".

Un año después, asociaciones de la Guardia Civil siguen quejándose de que luchan sin tener los medios adecuados. "No hay embarcaciones suficientes, no hay medios personales suficientes, y el litoral gaditano es una autopista, una autopista marítima para este tipo de embarcaciones y este tipo de organizaciones criminales", dice Victoriano García, secretario jurídico de la AUGC de Cádiz.

El Ministerio del Interior sostiene que la presión policial sobre el narcotráfico, por parte de las unidades del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, aumentó más del 40% en 2024. En las seis provincias andaluzas en las que se despliega el plan requisaron más de 250.000 kilos de droga. Pero los profesionales siguen lamentando que se desmantelara el Organismo de Coordinación del Narcotráfico, el OCON-Sur. Se trataba de una unidad de élite creada por la Guardia Civil para el Campo de Gibraltar. Las autoridades han rehusado participar en este reportaje.

Dos de las mujeres de guardias civiles que impulsaron la asociación Nuestro Corazón por Bandera nos transmiten su pesar. "Teníamos que levantar nuestras voces y ser las voces de ellos, que no pueden hablar", dice Mónica Mogica. "Queremos intentar que toda esta situación cambie y que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan los medios necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y que no vuelva a repetirse lo que sucedió hace ahora un año", añade. Para Fuensanta Sánchez, "la situación no ha ido a mejor, sino que ha ido a peor. (…) es que a plena luz del día siguen campando a su ancha los narcotraficantes por la agua desde Huelva hasta Levante".

La impunidad es tal que en las últimas semanas se han avistado narcolanchas remontando el Guadalquivir cerca del centro de Sevilla. Una imagen inédita hasta ahora.

La Fiscal Antidroga explica que "se está detectando no solamente el tráfico de hachís desde las costas de Marruecos, sino también están utilizando estas vías para el tráfico de cocaína, lo cual incrementa el riesgo porque las organizaciones son más violentas y evidentemente quieren salvar la mercancía a toda costa". Para ello, resulta clave el papel de los petaqueros, los que se dedican a suministrar combustible a las narcolanchas en el mar. "La provincia de Cádiz se ha convertido en una narcogasolinera prácticamente, muchísimos traficantes se han pasado al transporte y abastecimiento de gasolina (…) Nosotros hemos pedido hace ya varios años en las memorias que se legisle para que se establezca un tipo penal específico del transporte de gasolina, pero por ahora la respuesta no ha llegado. Hay un proyecto, pero va muy lento y no ha llegado", añade Ana Villagómez.

En 2024, el Senado aprobó una proposición de ley para que se reforme el Código Penal. Entre otras novedades, plantea que la posesión, depósito o transporte de combustible, fuera de los supuestos legalizados y en cantidad superior a los 20 litros, sean castigados con entre cuatro y ocho años de prisión. Se trata de seguir el camino iniciado en 2018, cuando el gobierno ilegalizó el uso de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora, o más pequeñas con una potencia igual o superior a 150 kilovatios.

El discurso de Ana Villagómez, que lleva ya consagradas dos décadas y media a la lucha antidroga desde el ministerio público, destila cierta frustración. "El éxito es conseguir desarticular una organización y que les condenen. Entonces no solamente es que las fuerzas y cuerpos de seguridad no tengan medios, porque podemos decir: ‘Han detenido a mil personas’. Pero luego, ¿qué pasa al final? ¿Se enjuician? ¿Cuándo se condenan? (…) Entonces, en esa situación nosotros no damos la talla, la Justicia no da la talla. Ése es el problema", relata.

A la espera de que se detenga al cuarto ocupante de la narcolancha y se sienten en el banquillo de los acusados, el recuerdo de David y Miguel Ángel sigue vivo.