En "Despierta Andalucía" el presidente de la Asociación Derecho a Vivir Dignamente de Andalucía considera "una barbaridad" que una tercera persona pueda impedir que otra cumpla o reciba un derecho reconocido. Y considera que en estos casos "el testamento vital es fundamental".
El fallecimiento de la joven Noelia Castillo el jueves pasado coincide con un nuevo protocolo impulsado por el Ministerio de Sanidad para agilizar la eutanasia en casos urgentes. El objetivo es eliminar trabas burocráticas y homogeneizar el acceso a la muerte asistida en toda España, con el compromiso de las comunidades autónomas.
El documento, asegura el Ministerio, no es consecuencia de este caso, sino que surge de años de valoración de la ley. En "Despierta Andalucía" hablamos con Gabriel Sánchez Bellón, presidente de la Asociación Derecho a Vivir Dignamente de Andalucía.
"El caso de Noelia Castillo tiene una importancia bastante grande", explica, por un lado, "porque se ha utilizado para hacer un ataque totalmente frontal a la Ley de Regulación de la Eutanasia", caso de la intervención de Abogados Cristianos, "para seguir en la línea de recortes de derechos", destaca.
Y por otro, continúa, porque "se ha planteado la legitimación de terceras personas para que una cumpla un derecho reconocido", algo que "no se había producido hasta ahora" en cuanto a otras leyes, como la de divorcio, aborto o matrimonio igualitario. "Aquí lo que se trata de decidir es si una tercera persona puede impedir que otra desarrolle, cumpla o reciba un derecho que está reconocido legalmente. Y esto" precisa el presidente de la Asociación Derecho a Vivir Dignamente de Andalucía, "nos parece una barbaridad".
Dejando aparte casos "muy mediatizados" como el de Noelia, Gabriel Sánchez Bellón, cree que en general la legislación española "es muy restrictiva. hay que estar muy mal, o con una enfermedad con final ya muy inminente...". "Las comisiones son muy estrictas y se conceden muy pocas autorizaciones", alrededor de un 45 por ciento de las solicitudes, según datos de 2024 del Ministerio de Sanidad. "En Andalucía son un 35 por ciento", precisa.
Y una vez recibida la autorización, destaca que los plazos se demoran más de 60 días, sobre todo "por la dificultad para poner en marcha el proceso, o sea, para encontrar una médica o un médico que sea referente, que vaya a llevar todo el procedimiento", tal como establece la legislación.
Tramitar el testamento vital "es fundamental", subraya, y explica que desde su asociación se anima a la gente a "que lo haga y lo registre oficialmente, porque en ese documento una persona puede poner cuáles son sus preferencias sobre el final de su vida".