TSJM ratifica que el Gobierno debe investigar la actuación de Sánchez sobre Air Europa
La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del ministro Oscar López, deberá admitir la denuncia que en su día presentó el PP. Adopta esta decisión tras acabar el plazo de 30 días para presentar recurso ante el Supremo y no constase actuación alguna.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado su decisión de ordenar a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, que admita la denuncia que presentó el PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa y los negocios de su esposa, Begoña Gómez.
La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado declarar firme la sentencia que dictó el pasado junio en la que daba dicha orden a la oficina dependiente de Transformación Digital.
Los magistrados han adoptado esta decisión después de que transcurriera el plazo de 30 días para presentar recurso de casación ante el Supremo y no constase actuación alguna. Ahora, además de decretar la firmeza de la sentencia de junio, han dado diez días desde la recepción del decreto para "acusar recibo y comunicar el órgano responsable de su cumplimiento".
Así las cosas, han remitido "a la Administración demandada, junto con el expediente administrativo, copia autenticada firmada electrónicamente de dicha sentencia", para que "la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo".
Cabe recordar que en junio el TSJ madrileño se pronunció a raíz de un recurso contencioso-administrativo que presentaron los 'populares' contra las resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Oficina de Conflictos de Interés por las que se archivó la denuncia que presentaron en marzo de 2024.
El tribunal concluyó que la Oficina de Conflicto de Intereses debía proceder "a la tramitación de la denuncia" del PP "con una actividad de investigación al respecto". "Y una vez realizado, se dictará la resolución procedente, que puede ser el archivo de las actuaciones si resulta así, pero en todo caso, ha de adoptar una decisión motivada y pronunciarse sobre las pruebas solicitadas", añadía.
Los magistrados apuntaron también que el PP estaba legitimado para presentar dicha denuncia y para impugnar el archivo, toda vez que no se llevó a cabo "una actividad investigadora mínima para adoptar una decisión".
