La continuidad del impuesto a las grandes energéticas ha sido un tema clave en la negociación de esta ley, que ha dividido en dos bloques a los socios parlamentarios del Gobierno
En el Congreso, el Gobierno ha vuelto a sufrir una tensa sesión en la que varios de sus proyectos han estado en vilo hasta el momento de las votaciones. El complicado juego de equilibrios parlamentarios ha concluido este jueves con la aprobación de una parte de la reforma fiscal, que incluye el impuesto a la banca. Pero el ejecutivo ha sufrido una importante derrota, dado que PP, Vox, PNV y Junts han unido este jueves sus votos para tumbar el gravamen extraordinario a las grandes energéticas, una alianza que también ha permitido -en este caso, sin el apoyo de la formación vasca- sacar adelante la propuesta de Junts de bajar el IVA a los yogures.
"No pondremos en riesgo las inversiones en Cataluña " decía la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. El PNV, además, querría que la gestión correspondiera a las haciendas forales vasca y navarra. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, niega que quieran desestabilizar al Gobierno.
La continuidad del impuesto a las grandes energéticas ha sido un tema clave en la negociación de esta ley, que ha dividido en dos bloques a los socios parlamentarios del Gobierno, entre quienes se oponen (PNV y Junts) y quienes lo defienden (ERC, Bildu, BNG y Podemos). De hecho, el impuesto a las energéticas ha sido uno de los temas clave del debate y la líder de Podemos, Ione Belarra, ha advertido de que no negociará los futuros presupuestos hasta que sea una realidad, algo más difícil una vez que ha quedado derogado el gravamen temporal.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quita importancia a que estos dos aliados hayan votado junto a PP y VOX. La enmienda de los populares hace difícil que el Ministerio de Hacienda pueda cumplir lo acordado con Podemos, Esquerra, Bildu y BNGa. El próximo Consejo de Ministros aprobará una prórroga por decreto, pero habrá que seguir negociando para poder convalidarlo en el Congreso. Montero pone el énfasis en los puntos que sí han logrado mayoría suficiente.
También ha destacado que las rentas de capital de 300.000 euros pasarán a tributar de un 28 a un 30% y que las multinacionales y empresas de gran magnitud pagarán un mínimo del 15% de impuesto de sociedades.
La otra norma que se sometía a votación, la de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se ha salvado tras negociar in extremis con Podemos a cambio de prorrogar la suspensión de los desahucios a personas vulnerables. La líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que el Gobierno aprobará la próxima semana un real decreto para prorrogar durante un año el escudo social con la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables y para extender durante seis meses más las actuales ayudas al transporte.