Reforma de las pensiones: se podrá elegir entre el periodo de cómputo de 25 o de 29 años

Nueva propuesta del Gobierno para reformar las pensiones. El texto sobre la reforma de pensiones acordado por los socios de Gobierno se marca como objetivo reforzar el sistema de pensiones, para mejorarlas y que llegue a todos los jubilados. El acuerdo recoge una nueva manera de formular la cuantía de la pensión y se aplicará la que más beneficie al pensionista. El Estado tendrá más ingresos porque las rentas altas continuarán más. Para el cálculo se podrá elegir entre los últimos 25 años o los 27 mejores de 29. La otra clave es que aumentan las cotizaciones, sobre todo para los empresarios.

El ministro de Seguridad Social ha conseguido poner de acuerdo en este asunto capital a los socios del Gobierno de coalicion y con la Comisión Europea. Es la segunda modificación sustancial del sistema de pensiones en esta legislatura, después de la aprobada en 2021 con el visto bueno de sindicatos y empresarios. El Gobierno ha dado un "empujón" a la segunda pata de la reforma de las pensiones tras cerrar con Bruselas y Unidas Podemos un acuerdo sobre su contenido. La reforma que ha cerrado el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, con la Comisión Europea permitirá a los pensionistas elegir entre el periodo de cómputo actual de 25 años o ampliarlo a 29 años pudiendo quitar los dos de peor cotización. Este último bloque de la reforma de pensiones forma parte de los hitos comprometidos con España para el desembolso del cuarto pago de los Fondos Next Generation.

La reforma de pensiones que el Gobierno ha presentado a los agentes sociales incluye, además, una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos  y duplicar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) .

CLAVES DE LA REFORMA

Se establece un "régimen dual del periodo de cómputo" para los próximos 20 años que permitirá a los pensionistas elegir entre mantener los 25 años cotizados que actualmente se tienen en cuenta para calcular la pensión inicial o contar 29 años pudiendo descartar 2, lo que deja ese periodo en 27 años de facto. La nueva opción de ampliar y descartar se desplegará progresivamente durante 12 años, a partir de 2026, "con el objetivo de beneficiar a los trabajadores con carreras irregulares".

El periodo de cómputo ha sido uno de los principales escollos en la negociación, ya que tanto los sindicatos como Podemos se oponían a ampliarlo. Para intentar avanzar en la reducción de la brecha de género en las pensiones, se introducen dos medidas.

Para empezar, con respecto a la cobertura de periodos sin cotizar, las denominadas lagunas, se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100 % de la base mínima los primeros 4 años y con el 50 % de la base mínima a partir del mes 49. A esto se añade, para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, el 100 % de la base mínima hasta el quinto año y el 80 % de la base mínima del quinto al séptimo año.

También se recoge que el complemento de brecha de género de las pensiones -actualmente fijado en 30,40 euros mensuales por cada hijo- tendrá durante 2024 y 2025 un incremento del 10 % adicional a la revalorización anual que se fija conforme a la subida de pensiones. Del lado de los ingresos, la reforma contempla varias medidas empezando por una subida de las cotizaciones de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.

Las pensiones máximas también se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales.

Junto al progresivo destope de las cotizaciones máximas, se impone una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Esta cuota será del 1 % en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6 % en 2045. También para mejorar los ingresos del sistema se incluye una subida progresiva en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que ha entrado en vigor este mismo año y que supone un alza de 0,6 puntos de las cotizaciones, de los que 0,5 puntos son pagados por la empresa y 0,1 por el trabajador.

Así, se recoge que pase de esos 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, al ritmo de una décima por año, en aras de "reforzar el sistema durante los años en los que puede haber una mayor tensión por la jubilación de la generación del ‘baby boom’".

Junto a estas medidas para reforzar ingresos, la reforma establece una senda de subida de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que converjan con el 60 % de la renta mediana. Para ello, se toma como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60 % de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos. Se establece un proceso similar para la evolución de las pensiones no contributivas, que crecerían hasta converger en 2027 con el 75 % del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal

VALORACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES

El texto no es definitivo. Los sindicatos ven aceptable la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones, aunque después de la reunión de esta tarde, han pedido el fin de semana para analizarla y volverán a verse las caras el próximo lunes. El objetivo principal de este cambio es aumentar los ingresos que recibe el sistema para que sea sostenible. Para inyectar más ingresos en el sistema y hacer frente al envejecimiento de la poblacion , se van a incrementar las bases máximas de cotización y también plantea una cuota de solidaridad para los salarios mas altos que actualmente no cotizan al completo.

Por contra, todas las organizaciones empresariales rechazan de plano la idea del ministro Escrivá. Hablan de frontal oposición y acusan al Gobierno de voracidad recaudatoria, como ha declarado Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y portavoz de los autónomos.

Desde la oposición , el portavoz del PP en materia económica, Juan Bravo, critica que no se haya contado con el resto de partidos para un asunto que es de futuro para el país y ha criticado que la reforma de la pensiones presentada por el Gobierno a los agentes sociales introduce “un impuesto más" al trabajo cuando España "es poco" competitiva y tiene las cotizaciones "más altas" de la media de la OCDE. Los empresarios de CEOE, Cepyme y ATA manifiestan su "frontal oposición" a la propuesta del Gobierno, al que acusan de tener una "voracidad recaudatoria" y de presentar una propuesta "populista", que "socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales" con los sindicatos.

En un comunicado, los empresarios denuncian que el sostenimiento del sistema de pensiones "se hace recaer en los trabajadores y las empresas mediante una subida generalizada de cotizaciones" que "mermará los salarios y pondrá en peligro la creación de empleo".