PSOE y PP aprueban el dictamen de la Ley electoral

PSOE y PP han votado a favor. IU en contra, se han abstenido Podemos y Ciudadanos. La formación naranja ha roto el pacto de investidura con los socialistas, precisamente por no haber reformado la Ley electoral. Consideran que el documento es un punto de partida pero que se queda corto.

La socialista Ángeles Férriz ha defendido la utilidad del dictamen porque recoge el ámbito de competencias, las grandes coincidencias y dónde hay que "poner más esfuerzo", por lo que ha pedido a los partidos que no caigan "en la pataleta infantil".

"Ahora es cuando viene la oportunidad", ha señalado Férriz, quien ha recordado que el grupo buscaba mejoras para el sistema electoral, "no un beneficio oportunista", y mejorar la representatividad, "no engordar artificialmente la nómina de escaños".

El diputado del PP Antonio Saldaña ha manifestado que Podemos, Cs e IU "lo que quieren es tener más diputados con menos votos", pero no han tenido en cuenta lo que han dicho los expertos en el grupo, y ha cuestionado si quieren hacer "una Andalucía de dos velocidades" dando "más peso" a Sevilla y Málaga porque ahí tienen más votos.

Ha dicho que el apoyo al dictamen no quita que los principios y valores del PP no sean "defender el cambio democrático" en la comunidad y ha defendido en sus votos particulares la lista de doble cremallera, reducir el número de diputados o limitar a dos los mandatos en la Presidencia de la Junta.

Juan Ignacio Moreno Yagüe, de Podemos, ha opinado que el dictamen "no es más que un documento de conclusiones" y ha defendido propuestas de su partido como son permitir a los ciudadanos que se presenten "por sí solos, sin necesidad de partidos", que se abran las consultas a la ciudadanía o que se implante el voto electrónico.

Desde Ciudadanos, el diputado Julio Díaz ha indicado que el documento no responde al "arduo y serio trabajo" que se ha hecho durante tres años, ha defendido que el voto de todos los andaluces "valga igual" y ha acusado al PSOE y al PP de abogar por un "consenso paralizante" para no cambiar nada.

La diputada de IU Mari Carmen Pérez ha lamentado la "oportunidad perdida" y ha criticado que "todo han sido excusas" para no reformar la ley electoral, que actualmente supone una "discriminación" en el índice poblacional y un perjuicio por la aplicación de la ley D'hont, ya que se "castiga" a las formaciones más pequeñas.

Ciudadanos pide bajar de 6 a 8 el número de escaños mínimos por provincia y utilizar el método Sainte-Lagüe; mientras que IU pide conjugar el método D'Hont con el redondeo de Webster y ampliar de 109 a 119 los diputados, entre otras propuestas.

El dictamen, elaborado por el presidente de la Comisión de Presidencia, el socialista Jacinto Viedma, señala que hay pocos puntos donde coincidan todos los grupos o en los que al menos haya un "respaldo suficiente" para sintetizar las propuestas de reforma, por lo que insta a los partidos a seguir trabajando "en la búsqueda del consenso necesario" que dé legitimidad a unos cambios "de una ley del calado y trascendencia de la ley electoral".

El informe detalla una serie de modificaciones que se pueden abordar con la reforma de la Ley Electoral, algunas con "alto grado de consenso" como la dedicación exclusiva de los miembros del Parlamento; la incompatibilidad de diputado con el cargo de concejal o senador; la regulación de los debates electorales en medios públicos; o incrementar el tiempo de los espacios gratuitos para los partidos sin representación parlamentaria.

Otras propuestas necesitan "seguir profundizando en la búsqueda de al menos un mínimo de consenso", como son: la ampliación de escaños de 109 a 119 (IU); sustituir el método D'Hont (Cs e IU); establecer una barrera electoral del 5 % de votos (PSOE); introducir las listas cremallera en los cabeza de lista (PP e IU); o utilizar nuevas tecnologías para votar no presencialmente (Podemos).

También detalla que hay modificaciones debatidas que no tienen relación con el régimen electoral, como la supresión de los aforamientos o la sustitución temporal de un diputado por causa justificada; otras que son competencia estatal, como la suspensión de diputados inmersos en procedimientos judiciales; y otras que necesitan reforma estatutaria como que no puedan coincidir elecciones autonómicas y generales o las primarias obligatorias.