PSOE y Podemos rebajan la mayoría para renovar el Poder Judicial y sortear al PP

El PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes una proposición de ley para sortear el "bloqueo" al que, denuncian, tiene sometido el PP al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que buscará que las Cámaras puedan elegir por mayoría absoluta -en lugar de tres quintos- a doce de los veinte vocales que lo componen.

Los portavoces parlamentarios del PSOE, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, han registrado este martes la propuesta, de la que han dado cuenta en una rueda de prensa conjunta, en la que ambos han defendido la "legitimidad democrática" de su planteamiento, que renovaría la ley orgánica 6/1985 sobre la elección de los vocales correspondientes al "turno judicial".

La Constitución determina que ocho de esos vocales deben ser elegidos entre juristas de reconocida competencia por mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado, pero no se pronuncia sobre los doce que las Cortes eligen entre los jueces que se postulan o que proponen las asociaciones representativas.

Es a ese bloque de doce vocales al que afecta la reforma propuesta por el PSOE y Unidas Podemos para eliminar el requisito de mayoría reforzada (que con el reparto actual de escaños implica obligatoriamente el acuerdo del PSOE y el PP) y permitir su elección mediante mayoría absoluta.

Así, la proposición registrada por los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición busca que tanto el Congreso como el Senado puedan elegir a los seis vocales de cada Cámara con mayoría absoluta 48 horas después de una primera votación en la que se mantendría la exigencia de tres quintos.

Una reforma que persigue actualizar el CGPJ después de que el PP haya roto "en dos ocasiones" el acuerdo para renovar los vocales, ha reprochado Lastra, que ha dicho al PP que también ellos promovieron en 2013 una reforma "equivalente" y con un objetivo similar.

Según Lastra, con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia, el PP reformó los mismos apartados que ahora buscan cambiar ellos para garantizarse que el CGPJ "seguía funcionando" si una de las dos cámaras no cumplía con "su responsabilidad" en la renovación del órgano.

La socialista ha defendido que, pese a los cambios, la nueva legislación garantizaría "la exigencia de buscar el consenso en parlamentos fragmentados" y ha enfatizado que "obliga a buscar a acuerdos" igualmente a los partidos.

Se establece, ha defendido, una mayoría "viable" con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento de las instituciones.

Echenique, por su parte, ha enfatizado que los dos partidos buscan así "proteger al poder judicial" del desprestigio que le causa Casado cuando se opone a los cambios y -ha incidido- lo utiliza "con tácticas partidistas". Porque el actual, ha dicho, "es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe" y "carece de legitimidad democrática".

La proposición pretende limitar las decisiones que pueda adoptar un CGPJ saliente, cuyos miembros, en una situación de interinidad como la actual, ya no podrían proponer el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los Presidentes de Sala y los Magistrados del Tribunal Supremo o de los Magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros cargos.

El PSOE y Unidas Podemos están convencidos de que lograrán apoyo parlamentario a su iniciativa, de la que no han hablado por el momento con los grupos, porque 188 de los 365 diputados refrendaron hace unas semanas una iniciativa que pedía renovar el CGPJ.

De ser así, entienden los partidos del Gobierno de coalición que en un plazo de dos meses podría estar en vigor esta modificación.

Ante el anunciado recurso al Tribunal Constitucional por parte del PP, Lastra ha recordado que la reforma "se hace con la misma intención que en 2013" hizo el PP, "exactamente con los mismos artículos" para evitar el bloqueo de un órgano constitucional.

"Es paradójico que pretender ir al Constitucional por estar bloqueando a aquellos que bloquean un mandato constitucional. Paradojas de la vida a las que el PP nos tiene acostumbrados", han enfatizado la portavoz socialista.

Al proponer el cambio los grupos parlamentarios en lugar del Gobierno, no será necesaria emitir una consulta al Consejo de Estado ni pedir informes, han confirmado ambos portavoces en la rueda de prensa, a diferencia de lo que sucedería si el trámite se hiciese desde el Gobierno.

LA PROPUESTA SUBLEVA A LA OPOSICIÓN
La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sublevado a la oposición, que recurrirá al Constitucional, y a los jueces, que temen que la institución quede en manos del Gobierno.

El PP ha anunciado de inmediato que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea al considerar que el Ejecutivo quiere "el poder absoluto" e imponer una dictadura: "Cuando se está buscando anular el papel de la oposición, esas conductas son dictatoriales y se alejan de la buena calidad democrática", ha advertido su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

También Vox ha anunciado que llevará al Constitucional una reforma en la que ve un "ataque directo a la democracia, al Estado y a las instituciones".

"Se confirma la infamia", ha denunciado en el Congreso el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.

La reforma suscita recelos incluso en algunos de los socios de investidura del Ejecutivo, como Más País, que advierte que, aunque se trate de un órdago, "es un precedente peligroso a largo plazo" y apuesta por "trabajar para ensanchar los consensos, no para estrecharlos".

Desde la carrera judicial, tres de las cuatro asociaciones profesionales han arremetido duramente contra la propuesta, y sólo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha visto legítimo que el Ejecutivo busque alternativas al bloqueo del PP.

"Un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas", porque la reforma deja todo "al albur del Ejecutivo", que pasa a "manejar y manipular el poder judicial" desde su mayoría parlamentaria, ha denunciado la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM)
La Asociación Francisco de Vitoria ha tachado la iniciativa de "atentado, despropósito y disparate", y Foro Judicial Independiente ha dudado incluso de su constitucionalidad.

El Gobierno no duda de que la propuesta cuenta "con todas las garantías jurídicas para que pueda llevarse a cabo", ha señalado su portavoz tras el Consejo de Ministros, pero previsiblemente será el Constitucional el encargado de disipar las dudas, como ya le tocó hacer en 1986.

Entre 1980 y 1985, los jueces habían elegido directamente a los doce vocales de turno judicial, y el PSOE reformó la ley para que fueron designados por el Parlamento, con la mayoría de tres quintos que ahora se quiere dejar atrás.

Aunque alertó del riesgo de que el sistema de elección se convirtiera en un reparto de puestos entre los partidos, el Constitucional avaló la elección parlamentaria, "máxime cuando la ley adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara", dijo entonces.

Los socialistas sostienen que, dada la fragmentación parlamentaria existente, permanece la exigencia de buscar consensos a pesar de reducir el número de apoyos necesarios para elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.