Los partidos chocan por la elección de un jurado para juzgar a Begoña Gómez
El PSOE tacha de "ridícula" la instrucción de la juez mientras que PP y Vox acusan a Sánchez de usar el Estado para defender a su mujer.
La investigación sobre Begoña Gómez comenzó hace un año y medio.
La decisión del juez Peinado de que el caso contra Begoña Gómez sea juzgado por un jurado sigue en centro del debate político. La parte socialista del Gobierno vuelve a arremeter contra el juez Peinado, y tachan de "ridícula y vergonzosa" su instrucción. El PP, en cambio, considera inadmisible que la mujer del presidente del Gobierno vaya a sentarse en el banquillo. Desde Vox, acusa a Pedro Sánchez de comprometer al país para que no se hable de la corrupción que le rodea.
En España la institución del Jurado Popular se creó en 1995, bajo Gobierno socialista de Felipe González, siendo ministro de Justicia Juan Alberto Belloch. El espíritu fue el fomento de la participación ciudadana en la administración de justicia. Además del magistrado que lo preside, el Jurado Popular está compuesto por nueve ciudadanos y dos suplentes. Deben pronunciarse sobre la culpabilidad del acusado y, finalmente, es el magistrado quien dicta la sentencia definitiva.
Sus componentes se eligen mediante sorteo y deben ser mayores de edad, residir en la provincia donde se celebre el juicio, que sepan leer y escribir, y no tengan antecedentes penales. El Jurado popular puede enjuiciar delitos como homicidios, amenazas, delitos contra el honor. Y también delitos cometidos por funcionarios públicos. Incluye la malversación, como es el caso de la pieza separada que afecta a Begoña Gómez.
AÑO Y MEDIO DE INVESTIGACIÓN
La investigación sobre Begoña Gómez comenzó hace casi año y medio. Cinco delitos, dos causas y un posible juicio con jurado popular es el resultado de un proceso por el que se ha llegado a interrogar al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
En abril de 2024, un juzgado de Madrid abría diligencias contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, por tráfico de influencias, a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias. Sánchez, ese día, comparecía en el Congreso.
Fue el inicio de un proceso que ha ido creciendo, de ese único delito a cinco. Se suman: corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. Se investiga si se sirvió de su posición para favorecer que empresarios obtuvieran contratos públicos, si se apropió del software de su Cátedra en la Complutense y si se valió de su asesora en Moncloa para gestionar su actividad profesional privada. Gómez ha tenido que comparecer cuatro veces ante el juez, acogiéndose a su derecho a no declarar.
Un caso que el juez Peinado ha intentado elevar al Tribunal Supremo al tratar de imputar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Algo que rechazó el Alto Tribunal.
Histórica fue la imagen del juez acudiendo a Moncloa a tomar declaración al presidente del Gobierno que había pedido hacerlo por escrito, igual que Bolaños, lo que le valió una queja formal ante el Poder Judicial. Contra las causas que se juzgarán en la Audiencia de Madrid hay presentados una decena de recursos, entre ellos por haber pedido a la guardia civil que analice todos los correos de Gómez desde 2018. Algunos ya los tiene en su poder aportados por un exalto cargo de la universidad y en ellos fundamenta la malversación de caudales públicos.
El juez Peinado ha recibido este mes una nueva querella de Manos Limpias por la supuesta implicación de Gómez en el rescate de Air Europa aunque la Audiencia de Madrid ya dejó fuera del caso ese asunto si no se aportaban nuevas pruebas.
