Las claves políticas y jurídicas de la rebaja penal de la sedición

La reforma del Código Penal va a tener consecuencias inmediatas, conviene situarla en un contexto político determinado marcado además por un calendario electoral que repartirá mucho poder político el año que viene. Lo primero que hay que señalar es la reacción de Pere Aragonés, president de la Generalitat, que gobierna en solitario desde su ruptura con Junts y que necesita el apoyo de los socialistas catalanes.

Hoy ha defendido el acuerdo con el Gobierno para esta reforma y ha añadido que solo es el principio para otros cambios con los que desjudicializar la situación polítIca en Cataluña. La reforma de la sedición es el más importante y facilita el camino para que el ejecutivo apruebe los presupuestos y afronte el último año de la legislatura con esa tranquilidad.

Aunque ERC descartó presentar una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados al proyecto de ley de Presupuestos del Estado 2023, advirtió también que la negociación para aprobarlos no estaba finalizada y que ese respaldo dependía, entre otros puntos, de que se avanzara en lo que denominó agenda antirrepresiva. Aragonés habla incluso de avanzar hacia la amnistía y volver a votar. El Gobierno rechaza que se trate de una contraprestación, sino de hacer de la política la vía hacia la convivencial.

¿COMO AFECTARÁ A LOS CONDENAODS POR EL PROCÉS?
Consecuencia directa de esta reforma es la siguiente pregunta: ¿Cómo afectará a los huidos y condenados por el procés? Vamos a poner el acento en tres políticos, los tres muy relevantes. Aunque fueron 12 los condenados por el Supremo y a todos les beneficiará la reforma, son Oriol Junqueras, Marta Rovira y Carles Puigdemont, los nombres más destacados.

Junqueras está inhabilitado hasta julio de 2031, pero, si se le aplica la reforma (entre seis y ocho años), podría presentarse a las elecciones autonómicas catalanas en 2025, fecha de las próximas elecciones catalanas si no se adelantan. De todos modos Junqueras aún está pendienta de su pena por malversación que podría modificarse en el futuro como esperan en la Generalitat.

Más fácil lo tiene Marta Rovira, Secretaria General de ERC, huida en Suiza y procesada solo por sedición, no por malversación, así que si vuelve y es condenada la pena no sería superior a 5 años y es posible que su delito haya prescrito cuando decida, si es que lo hace, volver a España.

Y por último Puigdemont. El expresidente lo tiene más difícil para evitar la cárcel porque está acusado de malversación. Si es condenado podría serlo a 8 años de cárcel y es probable que no evite tampoco la prisión preventiva porque el riesgo de fuga, obviamente, está acreditado de sobra.