La ponencia del TC que avala la amnistía sigue sin despejar el regreso de Puigdemont

La ponencia elaborada por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, propone avalar el grueso de la ley de amnistía, pero, como era previsible, sigue sin despejar el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, cuyo futuro continuará en manos del Supremo, encargado de aplicar la norma.

El texto del que saldrá la futura sentencia de la corte de garantías plantea respaldar la constitucionalidad de la ley de amnistía, si bien propone estimar parcialmente el recurso que presentó el PP en tres aspectos menores de la norma.
En concreto, aboga por acotar más la aplicación de la ley al decretar que no son amnistiables los hechos posteriores al 13 de noviembre de 2023. También establece que el perdón debe abarcar también a las protestas en contra del "procés" y no solo a las actuaciones en favor de la independencia.

Y, por último, para proceder al archivo de un procedimiento en el Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable en el "procés", la ponencia obliga a recabar el informe de todas las partes, no solo de la Fiscalía y las entidades del sector público perjudicadas, como dice la ley, sino también de las acusaciones populares.
Lo que no entra a valorar la ponencia son los aspectos más políticos denunciados por el PP, como que la norma posibilitó, con los siete votos de Junts, la investidura de Pedro Sánchez en 2023.

De salir adelante la propuesta de la vicepresidenta Montalbán, el aval de la amnistía en principio no despejaría la vuelta a España de Puigdemont, fugado del país desde 2017, porque lo que hace el TC es decir si la norma es o no constitucional, pero no entra en el ámbito de su aplicación ni aborda casos concretos.

Ni Puigdemont ni quien fuese su vicepresidente en el Govern, Oriol Junqueras, fueron beneficiados por el perdón porque el Tribunal Supremo consideró que la malversación que se les atribuye no tiene encaje en la amnistía al concurrir dos circunstancias que la ley dejó fuera de la medida de gracia: los implicados obtuvieron un beneficio personal al sufragar el referéndum con dinero público y eso afectó "potencialmente" a los intereses financieros de la UE.

Por tanto, la situación de los líderes independentistas no estaría afectada por la constitucionalidad de la norma sino por su aplicabilidad al caso en concreto.
Es decir, a priori habrá que esperar a que el Constitucional aborde los recursos de amparo de cada implicado y en el caso de Puigdemont ni siquiera ha llegado al TC puesto que aún tiene pendiente de resolver un incidente de nulidad en el Supremo, requisito imprescindible para acudir a la corte de garantías.

LEY APROBADA EN EL CONGRESO HACE UN AÑO

La ley de  amnistía era aprobada en el Congreso por 5 votos de diferencia. El PSOE cumplía así su pacto con ERC y Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.

Dos años antes, en 2021, el Gobierno concedió el indulto a los 9 condenados a prisión por el procés, una medida de gracia que justificó para favorecer de la convivencia en Cataluña.

Los independentistas lograban así su principal exigencia: borrar todos los delitos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, entre ellos, el de sedición por el que el Supremo condenó a prisión a sus promotores. Una sentencia de la que se libró Carles Puigdemont, huido en Bélgica desde 2017.

Decisiones que provocaron numerosos recursos ante los tribunales. Aquí se enmarca el borrador de sentencia del Tribunal Constitucional elaborado por su vicepresidenta, la progresista Inmaculada Montalbán, que avala el grueso de la Ley de Amnistía, aunque estima de forma parcial el recurso del PP, acota la norma hasta el 13 de noviembre de 2023, perdona también los actos para frenar el procés y obliga al Tribunal de Cuentas a escuchar a todas las partes.

Los magistrados del Constitucional comenzarán a debatir el 10 de junio esta ponencia, que se votará en Pleno antes de que acabe el mes. Con mayoría progresista, todo indica que el órgano de garantías respaldará este borrador que respalda que la amnistía entra dentro de la Carta Magna. 

Los partidos políticos han reaccionado a esta ponencia del Tribunal Constitucional  que avala la legalidad de la ley amnistía.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, empezó la legislatura "amnistiando a delincuentes" al impulsar la ley de amnistía y ahora su Gobierno va contra "aquellos que persiguen a los delincuentes", tras las informaciones de los últimos días sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. 

Gamarra, ha afirmado que la ponencia es un motivo más para manifestarse contra el presidente Pedro Sánchez el próximo 8 de junio.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado al PP del paso dado por el Tribunal Constitucional  para avalar la ley de amnistía a los implicados en el 'procés' porque acordó su renovación con el PSOE.

El partido de Carles Puigdemont no ha querido valorar el texto que se ha conocido hoy del Constitucional, hasta que sea el definitivo. El portavoz de Junts sí se ha referido, a lo que considera, actitud de rebeldía del Tribunal Supremo a la hora de aplicar la ley de Amnistía porque ha intentado -dice- boicotearla desde el primer día.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital, Oscar López, ha trasladado su "respeto absoluto" a los avances del  Tribunal Constitucional (TC) con los recursos presentados por el  Partido Popular a la Ley de Amnistía e incide en que es un texto  "plenamente constitucional".