La patronal critica la propuesta de Junts y se opone a obligar a las empresas a volver a Cataluña

El goteo de empresas que decidieron trasladar sus sedes sociales fuera de Cataluña comenzó antes incluso del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Desde entonces, 8.700 empresas han salido de Cataluña y, de ellas, más de 600 se han instalado aquí, en Andalucía. Por ejemplo, Pastas Gallo, que eligió el municipio de El Carpio, en Córdoba, para ubicar su sede social en octubre de 2017. Y a Málaga se trasladaron Sanantur (referente en turismo de injertos capilares) y la Cervecera San Miguel.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que en Cataluña hace falta estabilidad, normalidad y paz social para generar en las empresas la confianza necesaria para volver a establecerse en la región y ha rechazado la posibilidad de que se sancione a las que no regresen. "Las empresas han salido porque se han tenido que ir y lo han sentido en el corazón y el alma, querían estar allí y nosotros vamos a trabajar para que vuelvan, porque tienen todo el derecho", ha asegurado Garamendi este martes en un almuerzo-coloquio en el club siglo XXI.

A su juicio, obligar a reestablecer la sede en Cataluña a las empresas que se marcharon durante el proceso independentista -como exige Junts al Gobierno- es "comunismo". "Sería la mejor forma de que no se monten nuevas empresas. Una empresa se instala donde quiere e invierte donde le da la gana y si no se llama comunismo", ha afirmado. "Está fuera de todo lugar y espacio. Lo más importante es la confianza y no se hace a base de multas y castigos", ha añadido

También ha rechazado que los trabajadores puedan decidir su propia baja durante los tres primeros días de una enfermedad leve y ha destacado que se quiera promover la autobaja laboral mientras se desincentiva la automedicación. En un almuerzo-coloquio en el Club siglo XXI, Garamendi ha señalado que la mayoría de trabajadores son responsables, pero no tienen conocimientos médicos, por lo que el derecho a la atención sanitaria debería ser "lo primero".

Se ha quejado de que el Ministerio de Sanidad "haya lanzado un titular" sin contar primero la medida ni a las comunidades ni a los agentes sociales y ha considerado que se podría pedir la colaboración de las mutuas y del sector de la sanidad privada en situaciones específicas, como ya se hizo durante la pandemia.

Garamendi ha hecho hincapié en que las empresas tienen derecho a llevar un control del absentismo y ha reclamado al Estado que corra con el gasto de las autobajas y que alivie de ese coste a las empresas. Las empresas no están obligadas a asumir el pago de los primeros tres días de baja, aunque muchas de ellas lo contemplan en sus convenios.