La Comisión de Venecia, de visita en España para analizar la Ley de Amnistía
Este órgano consultivo del Consejo de Europa está formado expertos independientes en el campo del derecho constitucional, pero sus informes no son vinculantes para los países miembro.
La Cámara Baja pondrá a su disposición todos los informes que soliciten sobre la tramitación de la norma, que ahora se encuentra en la Comisión de Justicia tras ser rechazada por el pleno.
Una delegación de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa visita este jueves el Congreso y el Senado para recabar información sobre la proposición de Ley de Amnistía, un texto que todavía no ha sido aprobado en el pleno de la Cámara Baja y que está a la espera de que la Comisión de Justicia redacte un nuevo dictamen antes del 21 de febrero.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional.
La Comisión de Venecia ya se ha entrevistado con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha reiterado la importancia de la ley y su plena conformidad con la Constitución y el Derecho de la Unión Europea. Esta prevista para este jueves también una reunión con el Consejo General del Poder Judicial.
Fue el Senado la institución que solicitó que este organismo examinará la proposición de la Ley de Amnistía, pensando que para estas fechas ya habría un texto aprobado por el Congreso, pero la decisión de Junts de desmarcarse del Gobierno en la segunda votación en el pleno de la Cámara Baja ha dejado en el aire la tramitación del texto.
Los miembros de la delegación que han viajado a España son Marta Cartabia (ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi), el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier, el exprimer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov, y varios destacados juristas como Simona Granata-Menghini, Regina Kiener, José Luis-Vargas y Pierre Garrone.
En el Congreso, la visita estará gestionada por la Comisión de Justicia, que es la que tramita la proposición de ley que presentó el PSOE tras su pacto con los independentistas. Es el mismo procedimiento que se siguió en 2014 cuando otra delegación de la Comisión de Venecia analizó la Ley de Seguridad Ciudadana del entonces Gobierno de Mariano Rajoy, conocida por sus detractores como 'ley mordaza'.
Además de la reunión con los grupos parlamentarios de la comisión, es posible que la visita incluya un encuentro institucional con la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, dado que son enviados del Consejo de Europa.
UN FUNCIONARIO SIN RESPONSABILIDAD POLITICA
A quien no verán será al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, cuyo testimonio el PP veía muy relevante dado que su informe jurídico permitió tramitar la iniciativa. El letrado mayor recordó que es un alto funcionario que no tiene responsabilidad política en la ley y la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, le eximió de comparecer ante la delegación europea.
Eso sí, el Congreso ofrecerá a la Comisión de Venecia toda la información que precise sobre la tramitación de la iniciativa y ello incluye, si lo estiman pertinente, los dos informes jurídicos que se han redactado al respecto, uno al registrarse la iniciativa y otro cuando pasó a la comisión de Justicia.
Este jueves por la tarde la delegación se desplazará al Senado donde será recibida por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán (PP) y se reunirá con los grupos parlamentarios que lo consideren.
INFORME LISTO PARA MEDIADOS DE MARZO O ANTES
La Comisión de Venecia dio a conocer que publicaría su dictamen a más tardar para su sesión plenaria del 15 y 16 de marzo, aunque podría incluso acortar ese plazo. Sobre la mesa tiene una segunda petición, presentada por el presidente de la propia asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el socialista holandés Tiny Kox, para preparar un estudio más general sobre "los requisitos del Estado de Derecho que una amnistía debe cumplir", que también deberá estar listo para mediados de marzo.
Las conclusiones de este órgano consultivo del Consejo de Europa no son vinculantes para los países miembro, pero es considerada una voz autorizada en materia de Estado de Derecho, justicia y derechos fundamentales. Son precisamente sus estándares los que la Comisión Europea evoca en sus recomendaciones sobre Estado de Derecho cuando reclama a España la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y emprender, inmediatamente después, una reforma del sistema de elección de los vocales para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces.
