La Audiencia Nacional investigará el espionaje de Interior a Podemos en la etapa de Rajoy

El juez Santiago Pedraz ha admitido la querella que interpuso Podemos contra cargos del Ministerio del Interior y de la Policía en 2015 y 2016, durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, por presuntas investigaciones irregulares al partido, pero ha excluido de la causa al exministro Jorge Fernández Díaz al no ver indicios suficientes contra él.

El magistrado de la Audiencia Nacional investigará la querella con relación al exnúmero dos de Interior aquellos años en los que gobernaba el PP, Francisco Martínez, y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, entre otros.

Deja fuera, sin embargo, al exministro Fernández Díaz, al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales al no apreciar que "intervinieran en la investigación" en torno a diputados de Podemos "con la finalidad delictiva atribuida en la querella y sin el cumplimiento de las normas legales exigidas".

Ni de Fernández Díaz ni de Cosidó, dice el juez, "se relata más que una suposición de que por los cargos que ostentaban deberían conocer y autorizar los hechos", una imputación "insuficiente" para investigarlos, sin perjuicio de que a lo largo de la causa aparecieran indicios contra ellos.

Entre quienes sí ha visto motivos para admitir la querella, además de Francisco Martínez y Eugenio Pino, están el comisario Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo Enrique García Castaño; el inspector José Ángel Fuentes Gago o el ex jefe de la Brigada de Información de Madrid, Germán Rodríguez Castiñeira.

Todos menos el último se sentarán en el banquillo por el caso Kitchen, que también afecta al exministro Fernández Díaz, sobre el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas para conseguir documentos sobre Gürtel que guardaba.

En el auto dictado este jueves, el magistrado acepta investigar si se cometieron delitos como organización criminal, revelación de secretos o prevaricación, entre otros, si bien rechaza indagar otros como malversación o contra las instituciones del Estado al no encajar en los hechos relatados.

Podemos denunció ante la Audiencia Nacional la puesta en marcha, entre 2015 y 2016, de "investigaciones prospectivas" y "ajenas" al interés policial y al control judicial sobre Podemos y sus dirigentes para después filtrarlas a los medios y "desprestigiar" al partido.

La formación morada situaba en su querella al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en el "liderazgo" de esta supuesta operativa, y sospechaba que "daba cuenta periódicamente" de ella al ministro, "en quien residía la capacidad de decisión última". Este modo de operar, según la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación a Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos.

El juez ha rechazado algunas diligencias, como la citación de varios periodistas, a quienes ampara el secreto profesional y el derecho a la información y quienes no consta que participaran en la difusión de noticias falsas a sabiendas, pero acepta otras como solicitar al juzgado que ha investigado el caso Kitchen el examen de los mensajes de móvil de Francisco Martínez.

Entre los cargos que ha rechazado investigar Pedraz figuran también el inspector Bonifacio Díez Sevillano, el entonces comisario de la UDEF Manuel Vázquez; el jefe de la Brigada de Blanqueo José Manuel García Catalán o el jefe de brigada de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Mariano Hervás.