Defensor del pueblo
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Jesús Maeztu destaca la necesidad de reforzar lo público

El Defensor del Pueblo andaluz ha entregado a la presidenta del Parlamento el informe anual que recoge más de 25.000  actuaciones de las que cerca de 11.000 fueron quejas de ciudadanos relacionados con asuntos económicos y sociales. 

Con respecto al trato saniario dado a los mayores durante la crisis del covid-19, Jesús Maeztu ha afirmado que "a lo mejor es falso, pero el hecho de pensar que algunos ya no tenían derecho a UCI me extremece".

7 July 2020

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha entregado a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el informe Anual 2019. Recoge más de 25.000  actuaciones de las que cerca de 11.000 fueron quejas de ciudadanos relacionados con asuntos económicos y sociales.  Con respecto a la crisis sanitaria en los grupos más vulnerables, principalmente los mayores, Maeztu ha afirmado que "a lo mejor es falso, pero el hecho de pensar que algunos ya no tenían derecho a UCI me extremece".

"Cuando todavía no hemos resuelto ni los cuidados paliativos ni la muerte digna, estamos cuestionando que algunos no pudieran ir a UCI porque son mayores", ha afirmado Maeztu. "Es un fracaso como sociedad, tienen derecho", ha proseguido argumentando Maeztu quien también ha señalado que "todas las residencias necesitan un cambio de modelo, una revisión de lo que ha pasado", al tiempo que ha anunciado que "esta Defensoría va a ir visitando todas las que pueda y tuvimos que intervenir en algún caso, como en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)".

El Defensor del Pueblo se ha preguntado sobre las residencias "qué medicos tienen, qué personal está preparado, qué condiciones tienen las residencias para atender una pandemia, para mantener la distancia social física", por lo que ha concluido sobre la necesidad de revisar "el modelo de constitución de estas residencias".

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que durante este primer semestre ha detectado la continuidad en la vulnerabilidad de algunas de las realidades detectadas, aunque el análisis completo de las consecuencias del covid-19, con más de una veintena de actuaciones de oficio, son objeto de estudio por el Defensor del Pueblo andaluz y formará parte de un Informe Extraordinario que entregará al Parlamento de Andalucía, según ha informado por medio de una nota.

Jesús Maeztu ha afirmado que "la Covid ha certificado la vulnerabilidad de estos grupos", que son merecedores de una especial protección, así como ha adelantado algunas lecciones que, en opinión de la Institución, deja esta experiencia.

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la necesidad de un reforzamiento de lo público. "Ante una situación de grave desprotección, hemos acudido a lo público, que son una garantía", ha subrayado Jesús Maeztu.

En este necesario reforzamiento, Jesús Maeztu ha aludido al sistema de salud público, con medidas de protección para los sanitarios, y al sistema de educación pública, como una inversión necesaria para evitar la desigualdad y las brechas educativas.

Jesús Maeztu ha resaltado la necesidad de un sistema de protección que requiere de una Administración ágil y eficiente que responda a tiempo a las solicitudes de rentas mínimas, de dependencia, de ayuda al alquiler o de atención a los inmigrantes irregulares y alojamiento de temporeros y ha incluido la necesidad de que las respuestas judiciales también sean diligentes.

El Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que la recuperación será posible si es complementada con la creación de empleo, y ha compartido la oportunidad de pasar de una economía de mercado a una economía de cuidados. Jesús Maeztu ha reclamado cambiar la tendencia y que esta atención a colectivos no se considere un gasto, sino una inversión necesaria para un nuevo modelo productivo. 
También ha reclamado una especial atención a la juventud tras la segunda crisis que soportan, ya que vuelven a ver mermados sus proyectos de vida o descendencia, y la oportunidad de integrar a los inmigrantes, con la regularización y la eliminación de los asentamientos entre otras medidas, entre las que ha incluido la autorización de residencia equiparándola a la de trabajo. También ha alertado sobre los riesgos de retrocesos en los avances conseguidos en la igualdad de género.

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