El juez Peinado rechaza archivar la causa de Begoña Gómez e imputa a una alto cargo de Presidencia

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y contra las otras tres personas investigadas, y ha imputado a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz.

En un auto fechado el pasado 4 de noviembre, el magistrado rechaza el sobreseimiento que solicitaron las defensas y la Fiscalía y continúa la causa contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
E imputa a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González Pedraz, por un posible delito de malversación de caudales públicos en relación con el desempeño del puesto de Cristina Álvarez, citándola para el próximo 12 de noviembre.

El juez se apoya en la sentencia del procés, dictada por el juez del Tribunal Supremo, Manuel Marchena para apuntalar la investigación por el delito de malversación de caudales públicos.

Peinado decide seguir adelante con el procedimiento de jurado y vuelve a sostener que los delitos que investiga son conexos, arrastrando el de tráfico de influencias al resto, y para defender la acumulación cita un auto de la fase de instrucción del caso contra la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol.

Insiste Peinado en que "el origen de los hechos delictivos" son las acciones de Begoña Gómez derivadas "de su relación de parentesco, con el actual presidente del Gobierno", que considera la "causa" fundamental "para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posible restantes delitos".

Y sigue la causa contra Cristina Álvarez por los delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos; contra Francisco Martín por el delito de malversación de caudales públicos y contra Juan Carlos Barrabés Cónsul por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

En su resolución el juez ordena numerosas diligencias, entre ellas varias testificales, pero rechaza que declare como testigo el presidente del Gobierno, como solicitaban las acusaciones, argumentando que es "inútil", ya que Pedro Sánchez ya se acogió a su derecho a no declarar.

Agrega no obstante que "no es descartable, que, como él mismo ha manifestado públicamente, pueda cambiar de opinión en cualquier momento, al igual que cualquier otro ciudadano".

También ve "impertinente" que vuelva a declarar como testigo el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia cuando se nombró a la asesora, puesto que "ya tuvo la oportunidad de declarar en su momento, y su testimonio de poco sirvió".

Peinado pidió al Supremo imputar a Bolaños por falso testimonio y el alto tribunal lo rechazó al no ver indicios de delito.
El magistrado ordena en el auto conocido este miércoles que se practiquen numerosas diligencias, como la entrega de los correos entre Begoña Gómez y Cristina Álvarez y de las agendas de ambas para que las analice la UCO, así como la entrega de sus pasaportes para precisar las fechas, duración, circunstancias y coincidencias de los viajes al extranjero realizadas por ambas.

Llama a declarar de nuevo como testigos, entre otros, a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector en la Universidad Complutense; Diego de Alcázar, que es presidente del Instituto Empresa, y Miguel Escassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google.

También solicita a Presidencia que remita "toda la información relativa a los viajes de D.ª Cristina Álvarez Rodríguez sufragados con fondos públicos", incluyendo todos los detalles y desde el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018 hasta ahora.