El juez Peinado archiva la causa contra la secretaria general de la Presidencia

El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la investigación por presunta malversación contra la secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo, Judit González, a la que imputó recientemente en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.

Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado ha tomado esta decisión, que supone sacar de la causa a la alto cargo de Moncloa, tras tomarle declaración como investigada este domingo.

Judit González ha contestado a las preguntas del magistrado y del letrado que la defiende, así como a otro letrado de la defensa, han precisado fuentes jurídicas, que explican que se le ha desvinculado de haber podido cometer malversación en lo relacionado con el puesto de la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez.

A preguntas sobre las funciones de Álvarez, la secretaria general de la Presidencia del Ejecutivo ha explicado que tenía 250 personas a su cargo pero que la asesora de Begoña Gómez no dependía de ella.

Este domingo ha declarado como testigo, por tercera vez, el exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio, quien se ha ratificado, según fuentes presentes en la declaración, en lo que contó en las ocasiones anteriores, en las que aseguró que el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, le ordenó crear una cátedra para Begoña Gómez, lo que hizo porque se cumplieron los requisitos.

También dijo que no tenía competencias en facturas y contratos relacionados con el software que se creó para esa cátedra.
Otras fuentes han precisado que Doadrio ha explicado este domingo que conoció a Cristina Álvarez cuando se firmó el convenio para la cátedra que codirigió Begoña Gómez, y que comió alguna vez con ambas para hablar sobre la cátedra, e incluso vio a solas a Álvarez.

Doadrio ha señalado también, según estas fuentes, que él les dijo a ambas que inscribiesen en la oficina correspondiente el software para la cátedra, pero luego supo por la prensa que no lo habían hecho.

También ha declarado como testigo este domingo el responsable institucional de Google, Miguel Escassi, que ha sido llamado por segunda vez debido a que Google fue una de las empresas que colaboró con el software de la cátedra de Begoña Gómez, y ha precisado que no llegó a tratar personalmente con Cristina Álvarez, pero que esta asesora sí acudió a reuniones al inicio de la colaboración.

Ellos entendieron que era una persona de apoyo en el proyecto, vinculada a la cátedra, detallan las fuentes.
Por su parte el presidente del Instituto de Empresa (IE), Diego del Alcázar, el tercer testigo que ha declarado este domingo, ha precisado que no hubo ningún correo entre IE y Cristina Álvarez en los cuatro años que Begoña Gómez estuvo vinculada a este organismo, y que él ni la conocía.

El Instituto de Empresa contrató a Gómez como directora del organismo África Center en agosto de 2018, tres meses después de que Sánchez fuera nombrado presidente del Ejecutivo.

La vista y las declaraciones previstas para este domingo en la causa de Begoña Gómez se celebran en el Juzgado de Instrucción número 14 de Plaza de Castilla, ya que el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41, ha cambiado la guardia al primero.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidió el pasado 4 de noviembre continuar la causa por cinco presuntos delitos contra Begoña Gómez y contra las otras tres personas investigadas, e imputó a la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno por presunta malversación de caudales públicos.

Se trata del mismo delito, por haber ocupado el mismo puesto anteriormente, por el que mantiene imputado al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y por el que llamó como testigo al actual ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que lo ejercía cuando se nombró a Cristina Álvarez asesora de Gómez en 2018.

El juez Peinado ve indicios de malversación en el nombramiento y desempeño de las funciones de la asesora Cristina Álvarez, al considerar que fue contratada con fondos públicos, si bien desempeñó funciones de carácter "estrictamente privado" en atención a la mujer de Pedro Sánchez