Los letrados consideran "muy difícil" la implantación general de las lenguas y el PP estudiará la legalidad de que se haga antes del cambio del reglamento.
La Mesa del Congreso ha acordado con los votos de la mayoría progresista que las lenguas cooficiales -catalán, euskera y gallego- puedan utilizarse desde el pleno del próximo martes, 19 de septiembre, en el que se debatirá precisamente la proposición que reforma el Reglamento para su implantación definitiva.
Además de las lenguas cooficiales que requerirán traducción simultánea de varios intérpretes, los diputados que lo deseen podrán hablar en otras lenguas no oficiales, como el aragonés o el bable, siempre que el propio parlamentario se autotraduzca utilizando el tiempo de intervención.
De esta forma se pone en marcha el uso en el Congreso de las lenguas diferentes del castellano, que empezarán a escucharse en el pleno del martes 19, que comenzará a las 12:00 horas, así como en los siguientes plenos del jueves 21 y durante los plenos de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los días 26 y 27 de septiembre.
LOS LETRADOS CREEN QUE LA APLICACIÓN ES "MUY DIFÍCIL"
Los letrados del Congreso han avisado que a corto plazo resulta "muy difícil" aplicar el uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria, ya que la reforma que se plantea para esta implantación afecta al "entero funcionamiento de la Cámara".
Según un escrito de los letrados, al que ha tenido acceso EFE y que este miércoles ve la Mesa del Congreso, los letrados señalan que la proposición de reforma del Reglamento propuesta reconoce a los diputados un derecho general a utilizar "sin limitaciones" y en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria el uso del catalán, del euskera y del gallego, "lo cual resulta de muy difícil, si no imposible aplicación en sus términos, al menos de forma inmediata o a corto plazo".
Y es que la iniciativa del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG y que tiene previsto tomarse en consideración la próxima semana, ha sido registrada con la intención de que pueda entrar en vigor durante el debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se celebrará en el Pleno del Congreso el 26 y 27 de septiembre.
"La reforma planteada afecta de manera integral a todos los procedimientos, así como a todos los plazos reglamentarios, y por ende, al entero funcionamiento de la Cámara", advierten los letrados, que reconocen el derecho de los diputados a usar lenguas oficiales distintas del castellano en la Cámara, y no ponen objeción a que la iniciativa se tramite de forma directa y en lectura única.
EL PP ANALIZARÁ SU LEGALIDAD
El PP estudiará todas las posibilidades jurídicas para ver si es legal implantar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso antes de aprobarse la reforma del Reglamento la próxima semana y analizará si esta iniciativa es constitucional.
El PP recuerda también que la propia iniciativa puntualiza que los procedimientos y los medios necesarios para llevar a cabo su aplicación los apruebe la Mesa "oída la Junta de Portavoces" y no antes.
Los portavoces parlamentarios se reunirán mañana precisamente para ordenar el Pleno que se iniciará el martes, 19 de septiembre a la 12:00 horas, con la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento registrada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG y que JxCAT apoyará.
"Es una falta de respeto al Parlamento antes de que se apruebe la reforma", inciden fuentes populares de la Mesa que piden un informe jurídico que avale la constitucionalidad de la iniciativa, ya que "es dudosa".
Además, critican que la reforma del Reglamento, una modificación de peso, se haga por la vía de urgencia y en lectura única, sin pasar por la Comisión del Reglamento e inciden que esta urgencia no está justificada.
"Esta reforma no es prioritaria", recalcan, al tiempo que critican que la postura del PSOE apoyando esta iniciativa solo busca "empañar el contenido del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo".
"No obedece a una línea coherente del PSOE", dicen cuando recuerdan que los socialistas se opusieron a una iniciativa similar que presentaron los nacionalistas e independentistas la pasada legislatura.