Bruselas reprocha a España "falta de ambición" en la lucha contra la corrupción

La Comisión Europea ha reprochado a España "falta de ambición" en la lucha contra la corrupción y que la estrategia para combatirla lleve un año de retraso. En su informe sobre la situación del estado de derecho de los 27 países miembros, la Comisión recuerda al Ejecutivo español que ese plan anticorrupción tendría que haberse iniciado en septiembre de 2024. De hecho, en plena investigación del caso Koldo, Bruselas alerta de que precisamente la ausencia de una "estrategia unificada" pone en riesgo la lucha contra los casos de corrupción.

En las veinte páginas que dedica a España, Bruselas no señala riesgos sistémicos para el Estado de derecho, pero avisa de que siguen pendientes medidas de calado en ámbitos como el judicial, la lucha contra la corrupción, la transparencia o medios de comunicación, incluida la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que Bruselas reclama desde hace años como continuación de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

El informe identifica "algunos avances" para atender a las recomendaciones del pasado año para reducir los tiempos de las investigaciones y enjuiciamientos de los casos de corrupción de alto nivel, por ejemplo en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la asignación de recursos adicionales. "El Gobierno reconoce que los casos de corrupción tardan más debido a su naturaleza cada vez más compleja y ha tomado medidas para fortalecer los recursos humanos en el sistema judicial", indica el informe.

La sexta edición del informe anual sobre el Estado de Derecho, que pasa revista a la situación en cada país de la Unión Europea, critica que España no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción y toma nota de que el Tribunal Constitucional haya avalado la ley de amnistía. El informe señala avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y llama a seguir trabajando en el estatuto del fiscal general.

El informe cita un Eurobarómetro de este mes según el cual el 40 % de las empresas españolas encuestadas (25 % de las europeas) consideran que la corrupción "les ha impedido ganar una licitación pública o un contrato público en los últimos tres años", casi el doble del 21% que lo afirmaron el año pasado. Las principales quejas, dice el informe, son "las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos", seguidas de "supuestas prácticas corruptas y reclamaciones relacionadas con la ejecución del contrato".

Bruselas critica en particular que España no haya empezado a trabajar en una estrategia nacional anticorrupción originalmente prevista para 2024, aunque reconoce que el país ha hecho algunos avances en la lucha contra la corrupción de alto nivel al reducir la duración de estas investigaciones. Por otra parte, indica que "la contratación pública, la financiación de partidos políticos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos son sectores clave de alto riesgo de corrupción".

El informe llama a "intensificar los esfuerzos para abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los procesos judiciales, para aumentar la eficiencia en la gestión de los casos de corrupción de alto nivel, incluyendo la finalización de la reforma del Código de Procedimiento Penal".

Otra recomendación a España es "impulsar el proceso legislativo para reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de personas con altas funciones ejecutivas, incluyendo un mayor fortalecimiento de la independencia y la potestad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Intereses"
Ley de amnistía

La Comisión Europea constata que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de amnistía y recuerda, al mismo tiempo, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene que pronunciarse sobre la norma tras unas vistas que se celebrarán el próximo martes en Luxemburgo. "El Tribunal Constitucional ha declarado que la ley de amnistía es compatible con la Constitución y se han sometido cuatro cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", destacó el Ejecutivo comunitario en el informe anual sobre Estado de Derecho en la Unión Europea.

Bruselas recordó que en el marco de esos procesos ante la justicia europea ha analizado la norma en base al derecho comunitario, en un informe en el que señaló que la ley "parece constituir una autoamnistía", si bien aseguró que "no parece existir un vínculo de conexión suficiente" entre el procés y los intereses financieros de la UE. En el documento sobre la situación del Estado de Derecho en España, de 27 páginas, Bruselas dedicó un párrafo a la ley de amnistía, en el que destacó que la norma "ha sido objeto de gran controversia", tal como apuntó también la Comisión de Venecia, y que se ha aplicado ya a más de 300 personas.