La jueza considera responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla en el caso Magrudis

En Sevilla, la jueza que instruye el caso de la carne mechada que en verano de 2019 provocó la muerte de 4 personas por un brote de listeriosis, da por terminada la investigación e inicia un proceso en el que serán juzgadas 7 personas, entre ellas, los dueños de la empresa sevillana Magrudis y la veterinaria municipal. En concreto, José Antonio Marín, su mujer y sus dos hijos, la inspectora veterinaria, el arquitecto técnico y el asesor financiero de la empresa.

La intoxicación masiva por un brote de listeriosis se produjo en el verano de 2019. Hubo 4 fallecidos, siete abortos y 244 personas infectadas por comer carne mechada. Según la investigación "en la empresa no existían las mínimas reglas de seguridad alimentaria y la inspectora veterinaria no hizo bien su trabajo. Si son declarados culpables, el Ayuntamiento de Sevilla y la aseguradora AXA deberán pagar las indemnizaciones por una actuación, según la jueza, deficitaria y anormal del servicio público que debían prestar.

A los dueños de la empresa y la inspectora veterinaria municipal, así como a las empresas Magrudis S.L. y Elaborados Cárnicos Mario S.L. se les procesará por un delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, seis delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 244 delitos de lesiones por imprudencia grave.

Al Ayuntamiento de Sevilla y a la compañía de seguros AXA se les declara responsables civiles. La instructora entiende que el consistorio debe responder al llevar a cabo una actuación "deficitaria y anormal" del servicio público que debe prestar.

Respecto a la veterinaria municipal que inspeccionó las instalaciones de Magrudis, destaca que puntúa a la baja y omite algunas puntuaciones, no recoge muestras de productos ni comprueba las superficies, ni verifica el ambiente interior, por lo que no comprueba de forma exacta si la instalación reúne las condiciones.

También se continúa el procesamiento contra un arquitecto técnico, en este caso por presunta falsedad de documento oficial, y contra un asesor financiero de la empresa, por defraudar fluido eléctrico. En esos delitos también se implica a varios dueños de la empresa.

La juez acuerda además el archivo de las actuaciones respecto de otros cuatro investigados y da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas, para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

En su auto reseña la "mala praxis" en la manipulación y transformación de los productos cárnicos, que dio lugar a una intoxicación masiva y una alerta sanitaria nacional y europea.

“La propagación del brote se debió a la poca transparencia de Magrudis, no comunicando desde el primer minuto los tipos de productos elaborados, tipos de productos distribuidos y lotes de cada uno de ellos (trazabilidad completa y transparente)”, recuerda la juez en base a este informe pericial.

La instructora apunta que los gastos generados por el brote de listeriosis en la sanidad pública -al menos los gastos ocasionados por los servicios prestados por los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena- ascienden a unos 800.000 euros, aproximadamente.

En verano de 2019 la Junta de Andalucía decretó una alerta alimentaria al registrarse numerosos casos de listeriosis tras comer carne mechada, que causaron la muerte de cuarto personas, seis abortos y más de 240 personas afectadas.