La constructor ha pedido al Ministerio la rescisión del contrato ante la negativa de una segunda ampliación presupuestaria. La obra tenía que haber concluido en 2023. Ahora se tendrá que volver a licitar por vía de emergencia.
La ampliación de este puente es una de las obras investigadas en el caso Koldo.
La ampliación del Puente del Centenario, en Sevilla, está prácticamente paralizada. Es una de las obras investigadas en el caso Koldo. Según el informe de la Guardia Civil, Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos se habrían embolsado por esas obras un millón ochocientos mil euros en comisiones, a través de la empresa Servinabar, de la que era propietario Cerdán.(
La ampliación del puente se licitó por algo menos de 86 millones y medio de euros. Así está publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Pero después vinieron varias modificaciones del presupuesto, con sus correspondientes sobrecostes.
El primero fue aceptado y las obras en el puente siguieron adelante, pero en noviembre del pasado año vendría otra modificación, que suponía un aumento del coste de casi 137 millones con impuestos.
Este dato es del Ministerio de Transportes. Si el primer sobrecoste tuvo rápidamente el visto bueno del Ministerio, este segundo se ha encontrado con una rotunda negativa.
Son más de 50 millones y medio de euros. Buena parte de esa cantidad se destinaría a la mejora de materiales, en concreto el acero. Sin ese nuevo aporte, las constructoras no están dispuestas a seguir y los trabajos, prácticamente, se han paralizado.
La Unión Temporal de Empresas, participada principalmente por Acciona ha solicitado la resolución del contrato.
Las grúas de las obras del puente llevan más de dos meses sin actividad y sin operarios en la plataforma de ampliación.
La obra arrancó en verano del 2021 tras la adjudicación a una UTE formada por Acciona, Tecade y Freyssinet.
En junio de 2023 se aprobó un coste adicional de más de 16 millones de euros a consecuencia del incremento del precio real del acero derivado de la guerra de Ucrania.
Las empresas contratistas entienden que les avala la ley en su decisión de rescindir el contrato por superar en más del 20 por ciento los sobrecostes. .