La fiesta de San Blas en la localidad jiennense de Cazalilla ha terminado con la procesión. A su finalización no se ha producido el lanzamiento de una pava desde el campanario de la Iglesia de Santa María Magdalena, tal y como marca la tradición.
Tampoco ha habido presencia de colectivos animalistas que, en años anteriores, iban a protestar contra el lanzamiento de este animal.
Desde este viernes este municipio jiennense de poco más de 800 habitantes ha vivido de manera intensa sus fiestas patronales en honor a San Blas, mientras que desde el Ayuntamiento se incide en que el lanzamiento de la pava es una cuestión popular al margen de la programación del Ayuntamiento.
Desde 2016 y ante el cierre a cal y canto de la iglesia, los vecinos han optado por arrojar la pava desde terrazas, rompiendo así la tradición del lanzamiento desde el campanario.
Era al término de la procesión de San Blas cuando tradicionalmente se venía produciendo el lanzamiento de la pava, un rito con 175 años de historia que, según sus defensores, aseguraba suerte y fortuna a la persona que se hiciera con ella, mientras que los colectivos en defensa de los animales lo denunciaban año tras año por el sufrimiento al que se sometía a la pava.
Desde el Obispado se mantiene la misma postura desde 2016 cuando se ordenó el cierre de las puertas de la iglesia después de que el vicario general de la Diócesis, Francisco Juan Martínez, indicara que la pava no volvería a ser lanzada desde el campanario de la iglesia.
Enlos dos últimos años, los defensores de este festejo se tuvieron que conformar con lanzar la pava desde terrazas, aunque de esta forma los animales prefieren quedarse por los tejados antes que sobrevolar la plaza. En 2016, fueron algunos vecinos los que pasearon varios ejemplares de este animal por las calles del municipio ante la imposibilidad de hacer efectiva la tradición.
Pese a ello, por los hechos de 2017 fueron tres vecinos del municipio los que fueron sancionados, el que soltó la pava en la terraza, el que la cogió y el que la paseó por el pueblo. A cada uno de ellos se le ha impuesto una sanción de 2.001 euros por vulneración de la Ley de Protección Animal y otros 600 euros más por alteración del orden público. Las sanciones volvieron a repetirse en 2018 y los vecinos volvieron a organizarse para contribuir a hacer frente a las multas.