Los grupos de izquierda PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han presentado una petición conjunta para abrir una comisión de investigación, a la que luego se sumaba la de Vox que pretende ampliar la investigación a la etapa socialista.
Los partidos de izquierda del Parlamento de Andalucía han solicitado este miércoles la creación de una comisión de investigación en el seno de la Cámara regional para profundizar en lo que ha ocurrido con las incidencias en las pruebas de diagnóstico precoz del cáncer de mama.
PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han registrado el texto que explica los motivos que, a su juicio, hacen necesaria la creación de esta comisión de investigación, entre los que han resaltado la magnitud que ha tenido esta situación denunciada hace una semana por las víctimas, que señalaron retrasos en la comunicación de resultados de las mamografías de hasta dos años.
Entre los aspectos que piden investigar está el alcance temporal y territorial de estos problemas, así como la responsabilidad política que se haya podido tener por parte de los responsables de la Consejería de Salud, pero también si se ha extendido esta práctica a otras pruebas de detección precoz del cáncer, más allá del de mama.
Según el texto del registro de la petición, la justificación del interés público se fundamenta en la "lógica alarma social" que se ha extendido por la comunidad tras conocerse que las mujeres acogidas al programa de cribado de cáncer de mama no obtienen tras la primera mamografía un pronóstico concluyente.
Ante los testimonios que se han conocido en los últimos días, sostienen los tres partidos, "es imprescindible y urgente que el Parlamento de Andalucía", a través de esta figura, "ofrezca al pueblo andaluz una explicación veraz y completa de los motivos y causas que han provocado esta situación".
Además consideran que en esta comisión de investigación también se tiene que determinar "el alcance numérico de las mujeres afectadas", así como su distribución tanto por provincias como temporalmente.
Igualmente, afea el texto presentado en registro "la estrategia desinformativa" del gobierno de la Junta a este respecto, criticando que haya desplegado "toda suerte de argucias esquivas que han transitado desde el negacionismo (...) pasando por tesis conspiranoicas acusando a quien contaba la realidad de manipulación".
Y censura que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya afirmado que no se les comunicaban los resultados de esas pruebas de detección precoz para no generar "ansiedad" a las mujeres, lo que a juicio de los tres partidos proponentes "incumple la ley estatal y autonómica que consagra el derecho de las pacientes a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de la salud, toda la información disponible sobre la misma".
Posteriormente, Vox ha registrado también la petición de una comisión de investigación y estudia la posibilidad de presentar medidas judiciales sobre un asunto, que ha calificado de "muy grave" para los andaluces.
A juicio del portavoz de la formación, la petición de creación de una comisión de investigación que ha registrado la izquierda "no vale absolutamente para nada" porque, según ha explicado, seguramente no entrará "en los casos de la anterior época del gobierno de la Junta de Andalucía", cuando gobernaba el PSOE "con los comunistas" y donde estaba la actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
"Estudiaremos las acciones penales, las denuncias o las querellas pertinentes y en el Parlamento de Andalucía vamos a solicitar esa comisión de investigación que seguramente no valdrá para nada porque el Partido Popular es quien lo controla absolutamente todo aquí", ha recalcado.
RIFIRRAFE POR EL ORIGEN DEL PROTOCOLO
El portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín, ha explicado que el error en este caso ha sido no haber podido "localizar" lo que estaba pasando desde el año 2012 para haberle dado una solución, porque se trata de un problema "nacido y originado en los años de socialismo en Andalucía, en la modificación del protocolo existente".
Dicho protocolo, según Martín, lo modificó la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en 2011 cuando era consejera de Sanidad, y el resultado era que eliminaba la obligación de cumplir con unos plazos -60 días- concretos en la comunicación de esos diagnósticos, de los resultados de las pruebas, una medida que procedía del año 2005.
La portavoz socialista, María Márquez, ha rechazado que la Junta intente "retorcer" lo sucedido echando la culpa al protocolo adoptado por la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, cuando era consejera de Salud de la Junta, insistiendo en que en ese momento contó con el beneplácito de las asociaciones y de "más de 20 profesionales andaluces de prestigio".
Y ha indicado que el objeto de la comisión de investigación es "saber absolutamente toda la verdad" y llegar hasta donde se tenga que llegar para esclarecer lo sucedido, ya no solo con el cáncer de mama sino también con otros tipos de cáncer.
Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha exigido que ante este hecho la comparecencia inmediata, "hoy mismo", del presidente de la Junta para que "dé cumplidas explicaciones de lo más grave que ha pasado en la historia del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".
Nieto ha asegurado que en la comisión de investigación que se ha presentado lo van a investigar "todo, todo lo que ya se tiene" y ha expresado que el protocolo aprobado mientras gobernaba el PSOE es la "enésima excusa" del gobierno de la Junta "para no dar la cara", recordando que los testimonios de las afectadas "son de cuatro años para acá" y que el informe que muestra el repunte de la enfermedad es de 2023.
La portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha justificado esta comisión de investigación en el Parlamento y la denuncia ante la Fiscalía en se trata de un asunto "muy grave que nos concierne a todos", y ha confiado en que el PP vote a favor de la comisión "sobre un asunto que tan de cerca le concierne, sobre un asunto del que es responsable".
Preguntada por el hecho de que el protocolo esté vigente desde el 2011 cuando gobernaba el PSOE, la parlamentaria de Adelante ha señalado que eso será algo que tendrá que dilucidar e investigar la Fiscalía.