La Junta refuera la autoridad pública de los profesores andaluces

El Gobierno andaluz refuerza la autoridad pública de los profesores andaluces con la aprobación del decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado por el que se garantiza y regula la asistencia jurídica y psicológica gratuita y se constituirá la unidad de apoyo al profesorado. Uno de cada cuatro profesores andaluces ha sido víctima de insultos y amenazas por parte del alumnado y 4 de cada diez por parte de las familias. Así se desprende de un estudio realizado por el sindicato CSIF y que revela un empeoramiento de la convivencia en los centros educativos.

El reconocimiento del profesorado como autoridad pública es una de las medidas que se adoptan para recuperar el respeto en las aulas. El testimonio de los docentes tendrá presunción de veracidad y contarán con protección jurídica y apoyo psicológico cuando lo necesiten. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, Carmen Castillo, ha explicado que el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica y psicológica son los centros públicos y las unidades de profesorados abarcan también a los concertados.

En lo que va de este curso unos setenta profesores han solicitado asistencia jurídica en toda Andalucía por agresiones físicas o verbales o daños personales y materiales, una cifra que no es alta dado que hay más de 109.000 docente en toda la comunidad, según la consejera.

La evolución de los casos de agresiones a profesores ha mejorado en los últimos años, entre cincuenta y setenta casos por cursos, y lo ha atribuido a que están mejorando los resultados escolares, si bien ha precisado que en la mayoría de los centros la convivencia es modélica, aunque en algunos hay casos de falta de respeto.

El decreto establece la condición de autoridad pública para los docentes, lo que implica que su testimonio tendrá presunción de veracidad y contará con el respaldo legal necesario en el ejercicio de sus funciones, y el alumnado y sus representantes legales tienen el deber de respetar su autoridad, las orientaciones del profesorado y colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia.

También regula los procedimientos para solicitar protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos en los casos en los que sean necesario y, en concreto, la asistencia jurídica cubre la representación y defensa en juicio, tanto en procedimientos incoados contra el docente como en aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas, coacciones o agresiones.
La asistencia jurídica la prestaran la Junta a través de un seguro o bien con los letrados de la Junta o los abogados que eligen los profesores y la atención psicológico se cubrirá con especialista en este ámbito, ha explicado la consejera. Además, la Junta de Andalucía promoverá ante la Fiscalía la calificación como atentado de las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado.

Para proporcionar apoyo especializado, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional establece la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, dotada con perfiles profesionales especializados. Esta unidad se encargará de atender e informar al personal docente afectado por situaciones conflictivas; tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y psicológica y evaluar el grado de conflictividad para prevenir futuros problemas, entre otras. Atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee, poniendo en conocimiento del docente afectado las acciones concretas que pudieran emprender. La asistencia psicológica se proporciona para ayudar a superar la repercusión de agresiones o situaciones de conflicto en su salud y rendimiento laboral.

El desarrollo normativo también incluye medidas para impulsar la valoración social de la función docente y para ello se realizarán campañas informativas y divulgativas para aumentar la consideración, respeto y prestigio del profesorado, visibilizando la importancia social de su tarea. El ámbito de aplicación abarca también a las actividades complementarias y extraescolares, así como cualquier situación en la que un docente pueda ser vulnerado en el ejercicio de su profesión, incluyendo el ciberacoso y cualquier acto que atente contra su integridad física o moral.

93 MILLONES PARA 3.700 DOCENTES

La Consejería de Desarrollo Educativo ha destinado en dos meses un total de 93 millones mejorar infraestructuras, climatización y equipamiento de 3.700 centros docentes tras la aprobación de la nueva fase del plan ‘Mejora tu centro’. Este último plan ha transferido 39,5 millones a 3.700 centros públicos, que se unen a los 54 millones destinados en noviembre para la mejora de la climatozación, lo que supone 93 millones, ha explicado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este martes. Ha destacado que son fondos que proceden íntegramente de financiación autonómica para mejorar y modernizar las instalaciones de centros docentes públicos.

El objetivo principal de este plan es reforzar la capacidad de decisión de los centros, incrementar la eficiencia del gasto y promover soluciones adaptadas a la diversidad territorial y a las características específicas de cada comunidad educativa.
Las intervenciones previstas se estructuran en tres grandes bloques, con una asignación económica detallada y, así, 31,9 millones de euros se destinarán a actuaciones necesarias para mejorar las condiciones de habitabilidad, funcionalidad y calidad educativa. Incluyen obras en accesos, cerramientos, fachadas, cubiertas, adecuación de espacios, instalaciones, pintura, rotulación, instalaciones de comunicaciones y sanitarias, y medidas de seguridad, entre otras.

Podrán recibir estos fondos los centros docentes públicos de Educación Secundaria, las residencias escolares, los centros de enseñanzas de Régimen Especial, y las escuelas infantiles de Primer Ciclo. También se contempla la concesión de fondos dirigidos a la adquisición de material académico y educativo, con un presupuesto de 7 millones de euros.

Los centros beneficiarios son los conservatorios elementales de Música, los centros y secciones de Educación Permanente y los colegios de Educación Infantil y Primaria, así como los centros específicos de Educación Especial. Una partida específica de 600.000 euros se destinará a la renovación y adquisición de instrumentos musicales de los conservatorios Profesionales y Superiores de Música.

El modelo de ejecución se basa en la transferencia directa de los fondos a los centros docentes, garantizando la autonomía en la gestión, de forma que la cantidad asignada se ingresará en la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario antes de la finalización del presente año 2025.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de las delegaciones territoriales, validará las propuestas presentadas por los centros antes del inicio de su ejecución, y la Inspección Educativa llevará a cabo el asesoramiento y la supervisión de su desarrollo. Todas las actuaciones financiadas con estos fondos deberán estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2026.