La Junta advierte a Sánchez que no tiene competencias para cancelar pisos turísticos

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Estos inmuebles son pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. Las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez, ha informado el Ministerio.

La medida la ha avanzado este domingo en Málaga el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha explicado en un mitin del PSOE que se han detectado miles de irregularidades en viviendas que pretenden convertirse en alquileres turísticos y ha anunciado que, en total, se retirarán 53.000 en España. 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este lunes que esa medida invadiría competencias autonómicas y no ha descartado emprender acciones legales. En declaraciones antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid, Moreno ha advertido de que el Estado "no tiene competencia, lo único que puede hacer es obligar a que no se publiquen en ciertos portales", pero que después, los arrendadores podrían volver a poner en circulación esos pisos y mantener la ilegalidad o falta de transparencia del alquiler.

"Creo que hay mucho fuego de artificio en la política de vivienda del señor Sánchez y poca realidad", ha censurado el presidente de la Junta, quien ha criticado también que haya hecho el anuncio visitando unas obras en las que el Estado "no pone un céntimo de euro". Moreno ha indicado que el problema de la vivienda "no se puede solucionar con la pura intervención", tal y como cree que ha demostrado el Ejecutivo estatal.

También la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) ha declarado que el anuncio realizado por Sánchez "constituye un ataque directo a la seguridad jurídica, a la economía andaluza y a las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía". "Lejos de la realidad, estas viviendas no han perdido su licencia turística autonómica", han lamentado, ya que al parecer del sector como ha reflejado en una nota de prensa, "la mayoría cuenta con autorización legal otorgada por la Junta de Andalucía y lleva años operando bajo la normativa autonómica vigente".