La Fiscalía investiga pozos ilegales en una finca de la Casa de Alba
Eugenia Martínez de Irujo está citada a declarar en un juzgado de Sanlúcar la Mayor por la extracción ilegal de agua y por desobediencia, ya que se retiraron los precintos puestos en 8 pozos
Ecologistas en Acción denuncia que se habría sustraído agua de forma ilegal durante diez años, para regar 200 hectáreas de naranjos
La Fiscalía de Medio Ambiente investiga pozos ilegales en una finca de Aznalcázar (Sevilla), la finca Aljóbar, que gestiona la empresa Eurotecnia Agraria S.L., con sede en Carmona y perteneciente a la Casa de Alba, y contra Eugenia Martínez de Irujo como representante legal de la misma, por un delito contra el medio ambiente, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Eugenia Martínez de Irujo está citada a declarar en un juzgado de Sanlúcar la Mayor por la extracción ilegal de agua y por desobediencia, ya que se retiraron los precintos puestos en 8 pozos. La denuncia partió de Ecologistas en Acción. Se habría sustraído agua de forma ilegal durante diez años, para regar 200 hectáreas de naranjos.
Los Juzgados de Sanlúcar la Mayor tramitan además otra denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla contra el responsable de un "olivar superintensivo" de 360 hectáreas en suelos de dicho municipio y de Huévar del Aljarafe, que pertenecerían al torero Miguel Báez y Espuny, "El Litri", por la instalación de cuatro pozos ilegales mediante los cuales entre 2019 y 2020 habría detraído de manera ilegal casi 2,4 millones de metros cúbicos de agua del sistema Guadiamar, declarado como deficitario y con influencia en el parque de Doñana.
En el escrito de la Fiscalía sobre este otro caso, emitido en 2022, el Ministerio Público señala que los hechos sucedieron en la finca bautizada como Carrascalejos, cuya superficie se extiende entre Sanlúcar la Mayor y Huévar del Aljarafe, con un total de 404 hectáreas inicialmente dedicadas al cultivo de cereal y herbáceos.
El Ministerio Público detalla que en 2019, el acusado, como representante legal de la empresa que explotaba la finca, "realizó un cambio de uso a olivar de regadío intensivo", sin solicitar siquiera la autorización ambiental unificada obligatoria para este tipo de operaciones.
Según la Fiscalía, desde 2019 a la fecha de detección del asunto, el encartado habría detraído ilegalmente casi 2,4 millones de metros cúbicos de agua, afectando de manera "importante" a la masa de agua Campo de Tejada y con ello a "una zona declarada zona protegida de aguas destinadas a la producción de vida piscícola".
La Fiscalía calcula un daño al dominio público hidráulico de 574.308 euros, exponiendo que en las actuaciones, el sistema de fotografía aérea "ha permitido confirmar un riego continuo incluso en meses de sequía absoluta, mediante los pozos ilegalmente construidos, circunstancia verificada por el organismo de cuenca".
Así, la Fiscalía achaca al querellado un presunto delito contra el medio ambiente y otro de daños, reclamando como medida cautelar que se imponga al inculpado una fianza de 574.308 euros.
