Un informe pericial encargado por el juzgado y al que tenido acceso Canal Sur TV indica que la semirrígida tuvo margen para evitar la colisión pero no hizo ninguna maniobra evasiva.
Los detalles de este análisis refuerzan la tesis de que fue una embestida intencionada y no accidental.
De ello depende que se atribuya a los acusados delitos de asesinato o de homicidio por imprudencia.
Novedades en la instrucción del 'caso Barbate', que investiga la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en febrero de 2024. Un informe pericial, al que ha tenido acceso Canal Sur, concluye que en el momento del choque, la semirrígida puso rumbo directo hacia la zodiac sin hacer maniobra evasiva y manteniendo la velocidad. Es una de las últimas pruebas solicitadas por el juez para determinar qué delito cometieron los cuatro acusados: homicidio o asesinato.
El informe pericial atribuye la colisión entre la narcolancha y la zodiac de la Guardia Civil a múltiples factores: la semirrígida navegaba a una velocidad elevada, tanto en las maniobras circulares previas como cuando adoptó rumbo directo hacia la pequeña embarcación donde iban los seis agentes.
Tras analizar los vídeos de aquella noche de febrero de 2024, concluye que a esa velocidad no había margen suficiente para evitar el choque. A lo que se une que en el planeo de la lancha, con la proa elevada, el piloto disponía de menor campo visual, agravado por la oscuridad y la mala mar en el puerto barbateño. Aun así, no adaptó su navegación a las normas de prevención de abordajes.
Este informe, conocido ahora por Canal Sur, fue encargado por el juez de la causa hace nueve meses. Trataba de determinar si la muerte de los agentes fue intencionada, como sostienen los informes de la Guardia Civil, o accidental, como asegura la defensa. De ello depende decidir si se atribuye a los cuatro tripulantes de la lancha dos delitos de asesinato y cuatro en grado de tentativa o rebajarlo al delito de homicidio por imprudencia grave. De ello depende, por lo tanto, la condena final: entre 15 y 25 años por cada uno de los fallecimientos si es asesinato; entre 1 y 4 años si es homicidio.
Con la instrucción de la causa a punto de concluir, dos de los cuatro acusados siguen en prisión preventiva, entre ellos el principal acusado, Karim El Baqqali. Los otros dos están en libertad bajo fianza de 10.000 y 15.000 euros.
