El primer paso es personarse en el juzgado de Montoro donde se instruye la causa, según el promotor de la iniciativa, el abogado José Luis Orta. Advierte de que harán falta varios años para depurar responsabilidades.
El abogado onubense José Luis Orta Prieto ha creado este sábado en Huelva una plataforma para atender informativamente a los onubenses afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado domingo, 18 de enero, y que se saldó con un total de 45 fallecidos y más de un centenar de heridos.
La plataforma busca canalizar las actuaciones judiciales de los onubenses afectados por el trágico suceso de Adamuz, donde se vio implicado el tren Alvia en su trayecto, Madrid-Huelva, y se pone a disposición de las familias que deseen información sobre cómo deben actuar a la hora de reclamar una indemnización.
A través de esta iniciativa, tanto familiares de los fallecidos, como los numerosos heridos, física y psicológicamente, han decidido unificar en una sola voz, la exigencia de responsabilidades civiles y penales derivadas de la accidente con personación directa en los Juzgados de Montoro (Córdoba).
Orta ha explicado que esta idea ha sido impulsada debido a la demanda de clientes de la provincia que se encuentran afectados tras el accidente y para que les sirva como "una hoja de ruta" y que se sientan orientados ante esta situación. "En el caso de que hubiera mucha gente con el paso del tiempo, sería una asociación", ha detallado.
El abogado onubense ha indicado que esta iniciativa no tiene ningún matiz político, sino exclusivamente informativo y legal. "Ahora en Montoro están avanzando bastante con los informes periciales y demás, están aportando la instrucción del juzgado y lo que hay que hacer es estar ya dentro para intervenir en qué se hace, qué no se hace, qué pruebas de hacer", ha desarrollado el letrado, añadiendo que, en una semana, "el porcentaje judicial va muy rápido, por eso los afectados tienen que estar informados, saber como moverse y para tener una guía de cómo actuar".
Advierte de que harán falta varios años para depurar responsabilidades, dada la complejidad para evaluar los daños específicos de cada víctima.