Como pasara con Madrid, el Tribunal Constitucional no ve invasión de competencias
La Junta dará a elegir a los grandes contribuyentes si pagan el impuesto a las grandes fortunas del Estado o tributan en Andalucía. Es la respuesta al rechazo del Tribunal Constitucional al recurso contra la tasa del Gobierno
El Tribunal Constitucional ha desestimado por mayoría los recursos presentados por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia contra el impuesto a las grandes fortunas, como ya hizo con el de Comunidad de Madrid. Los magistrados del ala conservadora han anunciado que presentarán votos particulares contra la decisión de la mayoría progresista, recogida en la sentencia. La Junta dará a elegir a los grandes contribuyentes si pagan el impuesto a las grandes fortunas del Estado o tributan en Andalucía. Es la respuesta al rechazo del Tribunal Constitucional al recurso contra la tasa del Gobierno.
La Junta mantendrá bonificado su impuesto para los contribuyentes con patrimonio de hasta 3,7 millones de euros. A partir de esa cantidad, dejará al contribuyente que decida si pagan el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno, o tributan en Andalucía con las deducciones que aplica la comunidad.
Es la reacción del presidente andaluz a la decisión del Tribunal Constitucional que ha rechazado el recurso de la Junta al impuesto del Gobierno que anulaba la bonificación andaluza al impuesto sobre el Patrimonio. En redes sociales, Juanma Moreno se ha comprometido a seguir bajando impuestos en 2024 y dar libertad a los grandes contribuyentes "para que sus impuestos se queden en Andalucía".
Como pasara con Madrid, el Tribunal Constitucional no ve invasión de competencias y deniega los recursos de Andalucía y Galicia. El ponente del órgano de garantías, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aplica la doctrina de la mayoría progresita y refrenda la respuesta del Gobierno Central a la decisión de la Junta de compensar el 100 por cien del impuesto de Patrimonio. El fallo contará con 4 votos particulares. El ejecutivo andaluz señala que el Gobierno podría aprovecharse de esta doctrina para vaciar otras competencias autónomas en materia fiscal como la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En Andalucía se estima que hay unos 900 contribuyentes que aportan por este impuesto unos 100 millones de euros a las arcas públicas de la Junta.