El PP registra una nueva proposición de ley para la ordenación de regadíos en el entorno de Doñana
La iniciativa cuenta con el apoyo de Vox y se verá por vía de urgencia en la Cámara andaluza. El acceso al agua no será en ningún caso del acuífero, según sostienen, sino del agua en superficie cuando la haya. El portavoz de la Junta ha insistido en que ésa es una línea roja.
PP y Vox han firmado una proposición de ley que aborda la reordenación de los regadíos en la corona norte de Doñana, una norma que irá por vía de urgencia en la cámara andaluza. La iniciativa se verá por vía de urgencia en la Cámara andaluza. El acceso al agua no será en ningún caso del acuífero, según sostienen, sino del agua en superficie cuando la haya. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, ha insistido en que ésa es una línea roja.
El PP andaluz ha registrado en el Parlamento el documento de la proposición de Ley suscrita por los populares y por Vox. Ambas formaciones insisten en que el objetivo de la iniciativa es devolver a la legalidad a unos agricultores que, aseguran, nunca debieron salir de ella.
El PP insiste en que esta iniciativa no afecta a Doñana ni a su acuífero, sino a la ordenación del territorio. Propone la creación de una oficina técnica, como pedían los socialistas, para estudiar una a una las explotaciones. El agua de la que podrán disponer en ningún caso será del acuífero solo del agua en superficie que dependen en buena medida de obras de competencia estatal, aún pendientes. La iniciativa, que presenta el PP y no el gobierno, se tramitará por la vía de urgencia y cuenta ya con el apoyo de Vox.
PROPOSICIÓN
La nueva propuesta aborda la reordenación de la corona norte del Parque Nacional para regularizar suelos que fueron de cultivo y dejaron de serlo como consecuencia del diseño territorial de 2014 que hizo el entonces Gobierno andaluz socialista. La superficie afectada estaría entorno a las 1.600 hectáreas, susceptibles de ser recalificadas en los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Bonares, Rociana y Almonte, donde existen concesiones administrativas de terrenos para labores agrícolas que superan las 15.000 hectáreas.
La continuidad de la normativa actual supondría, según la iniciativa parlamentaria presentada, la desaparición de 650 explotaciones agrícolas, la mayoría de carácter familiar, con una pérdida de producción que alcanza en el mercado un valor de 100 millones de euros, además de la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Se calcula que en la comarca del entorno de Doñana hay alrededor de 1.500 agricultores.
