Con los votos favorables de PP y Vox y la oposición de los partidos de izquierda. La consejera Rocío Díaz ha expuesto estas medidas urgentes y una serie de cambios normativos con los que se busca poner más suelo disponible.
El Gobierno andaluz ha sacado adelante en el Parlamento andaluz su decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que prevé la construcción de 20.000 viviendas protegidas en cinco años, que ha sido defendido en el pleno de la Cámara andaluza por la consejera de fomento, Rocío Díaz. El motivo del decreto ley, ha expuesto la consejera, es incrementar el número de viviendas a precios asequibles para quienes más lo necesitan, en contra de lo que ha su juicio ha supuesto la Ley de Vivienda promovida por el Gobierno central: "El colapso del mercado inmobiliario; jamás se hizo tanto daño en materia de vivienda por anteponer la ideología a las soluciones".
Díaz ha asegurado que la nueva medida prevé la liberación de suelo urbano para uso inmediato convirtiendo parcelas turísticas, de oficinas o de otros usos -nunca educativos o sanitarios- para viviendas protegidas y, entre otras medidas, permitiendo un aumento de la edificabilidad del 20 por ciento en las parcelas de vivienda libre que se dediquen a viviendas protegidas. Otras medidas incluidas en el decreto son crear en el plazo de tres meses por parte de los municipios bolsas de suelo para viviendas protegidas, y un proceso abreviado para solicitantes de vivienda.
La consejera ha recordado que desde 2019 se ha triplicado en Andalucía la creación de viviendas protegidas y de viviendas de alquiler asequible "frente a la inacción del PSOE y de las leyes inútiles", ya que ha acusado a los socialistas, en el caso del Gobierno de España, de legislar no por el interés común sino "para estigmatizar a unos pocos".
La diputada socialista Isabel Ambrosio ha reprochado a la consejera que el nuevo decreto ley planteado como una medida de choque -el PSOE demanda un proyecto de ley- solo servirá para "volver al pelotazo urbanístico de unos pocos" y solo garantiza "la construcción y la especulación". El Gobierno andaluz, ha denunciado Ambrosio, se niega a emplear la figura de "zona tensionada" para frenar los precios y, en este caso, se porta igual que ante la quita de la deuda autonómica propuesta por el gobierno central.
Para los socialistas es imposible cumplir en cinco años el contenido del decreto, al que, presentado en este momento de la legislatura, detectan "tufo electoral", mientras que han alertado de que aumentar la densidad de construcción no lleva aparejado un aumento proporcional de los servicios comunitarios en los proyectos de viviendas protegidas. La diputada socialista también ha denunciado que en el caso de la ciudad de Cádiz en el lugar del colegio Adolfo Castro se construirá un bloque de viviendas.
El diputado de Vox Ricardo López ha acusado al Gobierno andaluz de tomarse este decreto con mucha publicidad y poco rigor, tal vez "contagiado de las políticas sórdidas de Sánchez", y ha recordado que tres millones de andaluces se hallan en el umbral de la pobreza, por lo que irónicamente se ha preguntado si son ellos los que van a adquirir las viviendas protegidas.
López ha demandado un plan regional de vivienda que incluya alquileres baratos y garantice el acceso de los jóvenes a la vivienda, ha denunciado el efecto que sobre la demanda de vivienda y el coste de los alquileres tiene el aumento de la población inmigrante y ha asegurado que una región como Andalucía debe dedicar a este capítulo el 0,55 por ciento de su PIB en vez del 0,06 % actual.
El diputado José Manuel Gómez, de Por Andalucía, se ha preguntado por qué el Gobierno andaluz se niega a regular las viviendas con uso turístico y ha denunciado que el decreto no incluye ni una sola medida para frenar a corto plazo el precio de los alquileres o de venta de viviendas. Gómez ha dicho al Gobierno andaluz que es su misión velar para que no se produzca especulación con la vivienda, y que "no intervenir en una forma de intervenir en favor de los más fuertes", mientras que "el precio de la vivienda es inasumible y el del alquiler insultante", frente a lo cual el Gobierno regional "desde hace seis años no hace nada".