El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad las ayudas a las víctimas de Adamuz

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este viernes, con el apoyo unánime de todos los grupos con representación -PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía-, el decreto-ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno para conceder ayudas a las víctimas directas e indirectas del accidente ferroviario de Adamuz.

Estas ayudas, que se suman a las aprobadas por el Gobierno central, están previstas en el decreto para las personas que sufrieron lesiones físicas en el siniestro y oscilan entre 16.828 y 481 euros, mientras que las familias de los fallecidos percibirán 14.424 euros.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública en funciones, José Antonio Nieto, ha sido el encargado de defender ante la Diputación Permanente este decreto, con ayudas cuya concesión fue propuesta por el Comisionado creado por la Junta de Andalucía para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente ferroviario, al considerar "necesario complementar las medidas de apoyo económico del Estado con las que no son incompatibles".

Precisamente será la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública la encargada de tramitar y resolver las solicitudes. Las ayudas estarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un pago único en un plazo máximo de dos meses desde que se presente la solicitud.

Ésta se podrá presentar tanto por Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía como de forma presencial. El plazo para solicitarlas será de tres meses desde que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria, algo que el Decreto establece que debe hacerse "en los 15 días siguientes a su entrada en vigor".

Desde el Gobierno andaluz consideran que, transcurridos cuatro meses desde el accidente, las víctimas "se siguen enfrentando a multitud de gastos necesarios para intentar adaptarse a su situación", como "la adecuación de sus viviendas para garantizar la accesibilidad que necesitan tras las secuelas del accidente, tratamientos psicológicos, rehabilitación".

Además, algunos afectados, al no estar dados de alta en la Seguridad Social en la fecha del accidente, no cobran prestaciones, y "por la gravedad de las lesiones pueden tener dificultad de acceder al mercado laboral a corto y medio plazo", advierten desde la Junta, desde donde también han llamado la atención acerca de que víctimas y familiares, la mayoría de ellos de la provincia de Huelva, deben también afrontar gastos de desplazamiento al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) encargado del caso.

En el caso de las ayudas destinadas a las familias de las personas fallecidas, podrán ser beneficiarios los cónyuges -o relación análoga- e hijos, con independencia de su edad y filiación, incluidos póstumos. En caso de no existir pareja ni hijos, serán beneficiarios los progenitores y, en ausencia de estos, los ascendientes de segundo grado o hermanos. De concurrir varias personas beneficiarias como víctimas indirectas, el importe de la ayuda por fallecimiento se repartirá entre ellas a partes iguales.

Posicionamiento de los grupos políticos

En el turno de posicionamiento de los grupos, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, ha dado la enhorabuena al consejero de Justicia por este decreto en el que "las ayudas llegan hasta 16.828 euros para algunos afectados", y ha justificado que "los daños psicológicos no se incluyen" en esta iniciativa porque no van "en el decreto del Estado" que serviría de "normativa básica" con el que quiere alinearse.

No obstante, ha puntualizado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "tiene una línea preferente para la atención a víctimas", incluidas quienes "tengan daño psicológico". Además, ha acusado al PSOE-A de haber realizado una "utilización partidista" del accidente valiéndose para ello del alcalde de Adamuz, el socialista Rafael Moreno Reyes, durante la campaña electoral de los comicios del pasado 17 de mayo, según ha denunciado.

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Rafael Recio ha defendido que su grupo ha apoyado la convalidación de este decreto "por responsabilidad, porque las víctimas lo merecen todo", pero ha opinado que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, "llega tarde". "Estamos prácticamente a finales de mayo", y el Gobierno de España tardó "poco más de 15 días" para abrir, "el 3 de febrero", la posibilidad de que "las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz pudieran presentar sus solicitudes" de ayudas, de las que "ya hay 136 canalizadas", según ha puesto de relieve.

De igual modo, ha señalado que el accidente de Adamuz "tiene que servir para poner ya el foco" en "la inexistencia de un servicio público de salud mental fuerte en Andalucía", así como ha animado a Vox a aprovechar el papel que pueda tener en el "futuro Gobierno" andaluz de la nueva legislatura -en la que el PP-A no tendrá mayoría absoluta- para "obligar a que haya una comisión de investigación para saber lo que ocurrió con la gestión del 112" en el marco de este siniestro.

El diputado de Vox Rodrigo Alonso ha avisado de que su grupo no va a "parar hasta que se sepa toda la verdad y que los culpables de este desgraciado accidente paguen por todo el daño que han causado", y en esa línea ha sostenido que "esta tragedia tiene culpables", y "el principal foco de atención está en un Gobierno --en referencia al de Pedro Sánchez-- que decidió colocar amigos enchufados y prostitutas en la empresa que debía garantizar la seguridad de las vías", algo que "tiene consecuencias nefastas y trágicas", según ha apostillado.

Dicho esto, ha opinado que las ayudas que contempla el decreto son "insuficientes", y "tiempo habrá de mejorarlo", ha avisado antes de trasladar que "hubiese sido más conveniente indemnizar de una manera más digna y no manosear tanto la tragedia".

Por su parte, la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha mostrado su apoyo a la propuesta de ayudas, aunque se ha hecho eco de los "problemas" que vivieron los trabajadores de emergencias que acudieron al accidente, entre ellas "un bloqueo de información" ante el nivel de llamadas, y ha pedido medidas para "corregir" dichas incidencias de cara a futuros siniestros.

"Junto a las ayudas, las víctimas necesitan que les cuenten lo que ha pasado y garantizar que a futuro no nos vemos envueltos en una situación en la que estemos mal pertrechados para afrontarlas", ha señalado, a la par que ha calificado de "insuficiente" el decreto, y ha criticado "el uso electoral" de las víctimas por parte del Gobierno andaluz.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, también ha mostrado su apoyo al decreto a pesar de señalar que "se queda corto y que llega tarde". En este sentido, ha lamentado que "quedan fuera" las personas con "afecciones psicológicas" a consecuencia del siniestro, y ha invitado a la Junta a poder modificar las ayudas para incluir a los afectados.

Por otro lado, García ha pedido una investigación "sin ningún tipo de control partidista" para saber las causas del accidente.

A solicitud del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, la Diputación Permanente ha votado también una petición para que el decreto, una vez convalidado, se tramite como proyecto de ley, si bien esta iniciativa ha sido rechazada por los votos de PP-A y Vox, y pese a haber sido respaldada por los diputados del PSOE-A y Por Andalucía.

La convalidación del decreto se ha llevado a cabo en la Diputación Permanente, el órgano encargado de desempeñar las funciones parlamentarias durante los periodos inhábiles, al estar disuelta la cámara autonómica desde la convocatoria de las elecciones celebradas el pasado 17 de mayo. Será el próximo 11 de junio cuando se constituya el nuevo Parlamento surgido de las urnas y comience la nueva legislatura.