El consejero de Turismo ha acudido a "La mañana de Andalucía" después de que el Tribunal Supremo le diera la razón a la Junta en su denuncia sobre esta norma estatal que, ha recordado, obligó a muchos propietarios a "pagar altas sumas para intentar cumplir con la normativa".
El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha celebrado en "La mañana de Andalucía" con Juan Carlos Vélez la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula el registro estatal de alquileres de corta duración por invadir competencias autonómicas.
Según el consejero, esta resolución judicial confirma las advertencias que el Gobierno andaluz venía realizando desde hace un año sobre la ilegalidad de la medida. "El Tribunal Supremo lo que ha venido es a constatar lo que había sido un clamor durante estos últimos 12 meses", afirmó Bernal, subrayando que la normativa estatal no se ajustaba a los parámetros legales establecidos por el reglamento europeo.
Para el titular de Turismo, este fallo judicial pone de manifiesto un problema profundo en la forma de gobernar del Ejecutivo central, más allá de la mera disputa por las competencias entre administraciones. "Esto no es una pelea competencial, es sencillamente un 'modus operandi' del gobierno de España que trata de gestionar los asuntos públicos de una manera, por lo menos, al margen de la legalidad establecida", denunció Bernal. El consejero insistió en que en un estado de derecho las cosas deben hacerse conforme a la ley y no mediante anuncios de gran impacto que carecen de base jurídica.
Bernal también hizo hincapié en el grave perjuicio económico que este registro fallido ha ocasionado a los propietarios de viviendas legales en Andalucía, mencionando casos de "derechos pisoteados" y lucro cesante. Muchos ciudadanos se vieron obligados a desinscribir sus viviendas legalmente registradas o a pagar altas sumas para intentar cumplir con la normativa estatal ahora anulada. "Habrá que preguntarle al ministerio quién va a pagar todo eso", sentenció el consejero, refiriéndose a los beneficios dejados de percibir y los costes operativos derivados de una regulación que el tribunal ha calificado como al margen de la ley.
Tras conocerse la sentencia, la Junta de Andalucía ha solicitado formalmente la convocatoria de una conferencia sectorial extraordinaria para abordar las consecuencias jurídicas y económicas de este "varapalo judicial". Bernal criticó duramente la falta de diligencia del Ministerio de Turismo en este asunto, asegurando que "he visto muy poca actitud y mucha dejadez" a la hora de proteger los intereses de un sector que genera miles de millones de euros.
De cara al futuro, el consejero aboga por una "cooperación leal" que permita crear un sistema de control de viviendas turísticas coordinado y respetuoso con la seguridad jurídica.