¿De quién es la Mezquita de Córdoba?

En un comunicado, el Cabildo ha respondido al informe de la comisión de expertos sobre la Mezquita-Catedral, encargado por el Ayuntamiento de Córdoba, que defiende que el templo "nunca" fue propiedad de la Iglesia y plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del monumento que se llevó a cabo en el 2006.

Tras una "primera lectura", el Cabildo ha señalado que en el 2014 la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda confirmó que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba "no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado".

En ese sentido, la Dirección General de Patrimonio recogía que la Abogacía del Estado "ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad".

"Desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico", añade el escrito de la Abogacía.

Escrito que elude a "otros documentos incorporados al expediente del Convenio de Colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el Cabildo Catedralicio el 19 de diciembre de 1991, en el cual se reconoce al Cabildo como titular del monumento, que se cita como "Catedral de Córdoba, antigua Mezquita".

Según el Cabildo, "llama la atención" que el informe "incida en que el Ayuntamiento puede reclamar la propiedad del templo", si bien otro informe de la asesoría legal del propio consistorio "reconoce que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral nunca ha formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba".

Por otro lado, el Cabildo ha recordado que el juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba reconoció en junio de 2015 que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba "es propiedad de la Iglesia desde 1236, y desde entonces, ha sido poseída por la Iglesia Católica de manera pública, pacífica e ininterrumpida".

Además, a nivel internacional la Comisión Europea se pronunció en el 2016 afirmando que "no existe base legal para intervenir y se remitió a la legislación nacional en aquellas cuestiones relacionadas con la propiedad del templo, que reconoce que el propietario del Conjunto Monumental Mezquita Catedral es la Iglesia Católica", según el Cabildo.

Asimismo, el Cabildo sostiene que el informe "no ofrece argumentos jurídicos que avalen la tesis" de que el templo "era de propiedad pública" y basa sus conclusiones en argumentos "puramente ideológicos".

Finalmente, el Cabildo ha pedido "responsabilidad a los políticos e instituciones" para que "no alimenten esta falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba". 

EL INFORME DEL COMITÉ

Según el informe, presentado este sábado en el Ayuntamiento, el análisis histórico realizado por la comisión "demuestra" que la Iglesia "no tiene, ni puede tener, título de propiedad alguno" sobre la Mezquita-Catedral y, a pesar de ello, el Obispado de Córdoba "inmatriculó a su nombre la 'Santa Iglesia Catedral'" en el 2006.

Además, el informe considera "injusta" la situación actual y "lesiva para los intereses de la ciudadanía" y propone una serie de actuaciones para "solucionar el conflicto planteado" tras la inmatriculación.

Entre ellas, se plantea como "más apropiado" "recabar los apoyos parlamentarios necesarios" para llevar a cabo un "recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional", con el objetivo de "anular" la inscripción de la "Santa Iglesia Catedral".

En caso de no prosperar esta vía, el informe  sugiere que el Ayuntamiento de Córdoba "podría hacer uso de los tribunales ordinarios" en un procedimiento "más complejo", ya que la institucional municipal "no debe reclamar la propiedad del bien".

Respecto al análisis histórico, el informe indica que la Mezquita de Córdoba "carece de antecedentes cristianos documentados", se origina como un proyecto arquitectónico "ligado a la dinastía Omeya" y fue un edificio de propiedad "estatal a lo largo de todos los siglos de Al-Ándalus".

Añade que, tras la conquista de Córdoba por Fernando III en 1236, el edificio "continua ligado al Estado", en este caso "a la Corona de Castilla", y existen "numerosos indicios" que llevan a pensar que "no se produjo una donación" del monarca a la Iglesia.

De esta manera, los expertos consideran que el "uso religioso de una antigua mezquita no supone reconocimiento de propiedad por parte de la Iglesia, salvo que exista donación expresa", y en este caso "no existe donación expresa".

En este sentido, ya en el ámbito jurídico, los expertos señalan que, al tratarse la Mezquita-Catedral de un "bien público", no es posible que la Iglesia "apele al mecanismo de usucapión" (adquisición de una propiedad mediante su ejercicio durante el tiempo previsto por la ley), ya que la "posesión pacífica y continuada no es suficiente en este caso para demostrar la propiedad".

Asimismo, el informe señala que admitir que el templo es de la Iglesia supondría reconocer la propiedad a una institución "regida por normas de un Estado distinto al español", en referencia al Vaticano.

Entre las actuaciones en el ámbito patrimonial, el informe denuncia la existencia de "graves carencias" y propone la creación de un "Museo de la Mezquita", en un edificio próximo de propiedad estatal, para "paliar algunas de estas deficiencias".

Por ello, los expertos consideran que el modelo de gestión adecuado para la Mezquita-Catedral responde al "sistema de patronato", liderado por la Junta de Andalucía, y en el que esté presente el Estado, el Ayuntamiento, el Cabildo y las universidades.

El informe ha sido elaborado por el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, los historiadores Alejandro García San Juan y Juan Bautista Carpio, y la actual vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien no firma el documento al dejar la comisión tras su nombramiento como parte del Gobierno español.

Federico Mayor Zaragoza ha apuntado que con el informe queda "demostrado" que la Iglesia Católica "nunca" ha sido propietaria de la Mezquita-Catedral y que la inmatriculación realizada en 2006 fue "indebida".

Mayor Zaragoza defendido que admitir la titularidad privada del inmueble sería ir contra el "dictamen de la UNESCO de 1984" de declarar a la Mezquita-Catedral "como Patrimonio de la Humanidad", declaración que partía "de su consideración de bien público".

Además, ha asegurado que el Cabildo de Córdoba "no tiene ningún documento" en su Archivo Histórico "que demuestre que el bien es de su propiedad" y que el Ayuntamiento está en su "perfecto derecho" y razones "históricas" para reclamar que sea de titularidad pública.

Mayor Zaragoza ha expuesto que "evidentemente" los aspectos jurídicos del informe han sido elaborados por Carmen Calvo, actual vicepresidenta del Gobierno y que dejó de formar parte de la comisión de expertos tras ser designada como miembro del Ejecutivo del Gobierno de España.

La principal recomendación jurídica que hace el informe es "recabar los apoyos parlamentarios" para presentar un "Recurso de Inconstitucionalidad" ante el Tribunal Constitucional (TC) que "anule" la inmatriculación del 2006.