Colectivos sociales y ecologistas reclaman en Sanlúcar frenar los vertidos mineros al Guadalquivir

La Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Salvemos el Guadalquivir, Ecologistas en Acción y Greenpeace han sido los convocantes de la marcha que este sábado ha reclamado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) una moratoria sobre los vertidos mineros proyectados en el estuario del Guadalquivir y ha exigido una evaluación científica independiente sobre su impacto ambiental, económico y sanitario.

La marcha ha partido desde la Capilla del Carmen, en Bajo de Guía, y ha reunido a pescadores, mariscadores, vecinos y representantes de colectivos sociales y medioambientales bajo el lema "No a los vertidos mineros en el Guadalquivir".

La protesta ha contado con el respaldo de los ayuntamientos de Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río, además de otras entidades y asociaciones vinculadas a la defensa del medio ambiente, la salud y las actividades económicas del entorno del río.

Los convocantes han reclamado a la Junta de Andalucía y al Gobierno central la declaración inmediata de una moratoria sobre las autorizaciones de vertidos mineros asociadas a la mina Cobre Las Cruces y a la futura reapertura de la mina de Aznalcóllar, así como la creación de una comisión científica independiente que evalúe el estado actual del estuario.

Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, ha dicho que "la reivindicación fundamental de la manifestación es en contra de los vertidos mineros que van a realizar tanto la mina de Las Cruces, que ya lleva muchos años realizándolo, pero que se le ha aprobado ahora un nuevo vertido por 14 años más, y la reapertura de la mina de Aznalcóllar".

Albarreal ha asegurado que los estudios de impacto ambiental "no han tenido en cuenta la singularidad que tiene el estuario", donde, según ha explicado, "los metales pesados se adhieren a las partículas en suspensión y acaban depositándose en el fondo, generando sedimentos contaminados".

El representante ecologista ha advertido además de posibles afecciones a la cadena trófica y a sectores como la pesca, la agricultura, la ganadería y el turismo gastronómico de la desembocadura del Guadalquivir. "Lo que se pide fundamentalmente es que se cree un comité de expertos independientes que analice toda esa documentación y que mientras tanto se decrete una moratoria de las autorizaciones de vertidos", ha añadido.

Asimismo, ha criticado la actuación de las administraciones públicas, a las que ha acusado de haber desestimado las alegaciones presentadas por los colectivos ecologistas, y ha recordado que existen ya procesos judiciales abiertos contra las autorizaciones concedidas.

Por parte de Greenpeace, Luis Berraquero ha afirmado que los vertidos "pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ello, como la pesca y la agricultura, así como para el Parque Nacional de Doñana".

Berraquero ha reclamado "la paralización de las autorizaciones y las prospecciones mineras mediante una moratoria" y la constitución de "un grupo científico-técnico de expertos independientes que evalúe en profundidad los efectos en el medio ambiente y las afecciones a la salud y a la seguridad alimentaria".

El asesor técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, José Carlos Macías, ha explicado que el sector pesquero ha acudido a la movilización para reclamar garantías sobre la seguridad de su actividad. "Aquí lo que queremos es seguir pescando como lo venimos haciendo hasta ahora, que los caladeros estén bien y podamos vender productos totalmente garantizados", ha señalado.

Macías ha insistido en que la cofradía no pretende "crear un mensaje de alarma", sino obtener información y certidumbre sobre las posibles consecuencias de los vertidos proyectados. "Queremos seguir pescando y tener la seguridad de que vamos a poder seguir realizando nuestra actividad", ha afirmado.

Por su parte, Antonia Herrero, portavoz de la plataforma Salvemos el Guadalquivir, ha asegurado que diversos estudios científicos ya han detectado presencia de metales pesados en el estuario debido a anteriores actividades mineras y ha alertado de que la reapertura de las explotaciones podría multiplicar "hasta por diez" esa contaminación.

"Estamos hablando de la salud de las aguas, de la agricultura, la ganadería, la pesca, el marisqueo y también del turismo vinculado a los productos gastronómicos del estuario", ha indicado Herrero, quien ha defendido la necesidad de impedir que "el río Guadalquivir se convierta en un río muerto".

La portavoz ha reclamado igualmente una moratoria y la creación de un comité científico independiente que analice las posibles consecuencias ambientales y sanitarias derivadas de los vertidos, incluidos los efectos asociados a la acumulación de metales pesados en la cadena alimentaria.